Yahoo Finanzas La precariedad de los funcionarios 'alegales' de Andalucía: décadas trabajando temporalmente sin que nadie regule su empleo
“Tenemos un sentimiento de maltrato laboral, porque hemos dado muchos años de nuestra vida al servicio público y ahora se nos tiran a la yugular”. La autora de esta frase es Pura González, aunque podría firmarla cualquiera de los 29.511 funcionarios interinos andaluces que se encuentra en “en fraude de ley”: su condición de temporalidad se va visto prorrogada una y otra vez hasta ser parte estructural de la Administración, pero sin la seguridad de una plaza fija. Ahora esperan que las más de 51.600 firmas que avalan una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) consigan doblegar a la Junta de Andalucía y regularizar su empleo.
Pura no acierta a decir el número exacto de años que lleva trabajando para la Junta de Andalucía. “Más de 30”, calcula a vuelapluma. Tampoco las veces que se ha presentado a unas oposiciones para optar a consolidar su plaza de funcionaria, en su caso como empleada de la Dirección General de Recursos Humanos. Pese a su situación de interinidad ha llegado a ser jefa de sección y otros puestos de responsabilidad. “Pero eso no lo valoran”, se queja a sus 61 años.
El de Pura es un claro ejemplo de la situación por la que atraviesan los interinos andaluces. Llevan muchos años en puestos sin la certeza de una plaza fija, en cualquier momento pueden perder su trabajo. “Yo ya lo he perdido dos veces, pero por fortuna he podido recuperarlo —explica Pura—; nadie se imagina lo mal que se pasa cuando eso ocurre, la tensión que se acumula durante los meses en los que estás esperando a que te llamen, si es que te llaman”.
Del total de los 29.511 puestos de trabajo que están en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388, a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación; y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad. El portavoz la comisión promotora de esta ILP, David Núñez, explica que existe fraude de ley al haber una “utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada” para cubrir plazas estructurales, que ha llevado a que “en muchos casos haya personas en puestos de funcionario interino durante 27 años”.
Según el Tribunal Supremo, en su sentencia 3251/2018 de la Sala de lo Contencioso, supone un abuso en la contratación el cubrir puestos estables y estructurales de forma provisional más de tres años. Precisamente en estos casos la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 contempla que se pueda acometer una estabilización.
“Situaciones dramáticas”
Pero esa estabilización no llega. “Y hay situaciones dramáticas”, reconoce Pura, que ve cómo se acerca la edad de jubilación sin una situación estable, con el consiguiente riesgo a su cotización de cara al cálculo de la pensión. “Aquí hay intereses políticos y sindicales, y nosotros estamos en medio como peleles”, lamenta.
El Parlamento de Andalucía ha dado este miércoles luz verde a la tramitación de la ILP con el voto a favor de PSOE-A y Adelante Andalucía y la abstención de PP-A, Ciudadanos y Vox. Los populares ya han advertido que la iniciativa no es la solución, aunque se ha prestado a hallarla para acabar con este problema en la Administración. Por su parte, los socialistas aprovecharon su turno de palabra para pedir que “solo se valoren los méritos” para facilitar a los interinos una plaza fija. Precisamente, Ciudadanos ha llamado la atención sobre las “interminables bolsas de interinidad con los gobiernos socialistas”.
En otros casos, la jubilación se ve más lejos. Aunque los problemas son los mismos. “¿Jubilarme yo así? Antes me muero, antes me muero”, confiesa Inmaculada Lopera, de 46 años y trabajadora de la Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta desde 2007. A lo largo de estos 12 años se ha presentado y aprobado cuatro oposiciones, todas con unas notas altas: 100’125, 94’72, 92’4 y 60’22. Pero nunca ha podido consolidar su plaza.
Sra. Díaz, ¿por qué dejó a 30.000 interinos en una situación de incertidumbre? Su gestión tuvo grandes errores y mucho margen de mejora. Los andaluces merecen un modelo estable y de éxito en la Educación; el Gobierno del cambio trabaja con decisión para lograrlo. #PlenoAnd pic.twitter.com/Y04MqsAo33
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 26, 2019
“Soy una opositora eterna, llevo doce años opositando: de profesión, opositora”, asegura Inmaculada, que explica que esta situación de temporalidad permanente le ha generado una ansiedad recurrente. “Vivo con miedo, porque en cualquier momento puedo perder mi plaza sin previo aviso; te quedas sin nada, te vas al paro. Siempre estamos en peligro”, lamenta. “Me he convertido en una eventual permanente y precaria”, resume.
Inmaculada es poco más que mileurista y su marido, autónomo. Con el sueldo de ella el matrimonio va pagando los gastos fijos de él. Los ingresos dan para mantener a la familia, de dos hijos de 12 y 15 años. Viven en el piso “pequeño” que heredaron de sus suegros, su coche tiene 15 años. “Y ningún banco me da un préstamo, ni una hipoteca, tuvimos que conformarnos con vivir donde vivimos, y tampoco puedo hacerle una reforma”, detalla. “No podemos planificar nada”, advierte.
“Una vida estancada”
“Hay compañeras que se han querido divorciar, pero no se han podido permitir ese lujo”, sigue Inmaculada. “Es una vida estancada”, lamenta esta sevillana de 46 años que acude con regularidad al psicólogo y que está en tratamiento farmacológico para sobrellevar la situación de incertidumbre. “Tomo pastillas para dormir y he engordado muchísimo; nunca desconectas, siempre tienes que estudiar, el cerebro no para, es una tarea pendiente. Eres un eterno opositor”, explica esta licenciada en Derecho.
“La situación es bastante crítica; y la irregularidad no la hemos cometido nosotros, la comete el empleador, que en este caso es la Junta de Andalucía, por eso esperamos que los políticos entiendan nuestra situación”, zanja Inmaculada.
Esta es la primera vez que una Iniciativa Legislativa Popular plantea un concurso extraordinario de méritos para acceder a la condición de funcionario, por lo que podría ser referente para el resto de comunidades autónomas. Desde 1988, año en el que entra en vigor la ley de ILP en Andalucía, solo tres propuestas han sido admitidas a trámite por la Mesa del Parlamento, una de ellas ésta.
En cuanto al trámite, una vez que la Oficina del Censo Electoral realice el recuento oficial de las firmas, para lo que tiene hasta el 26 de junio de plazo, la Iniciativa pasará por el Consejo de Gobierno de la Junta para que le informe en el plazo de 15 días antes de remitirla al Parlamento para su tramitación. Después se establecerá una ronda de reuniones con los partidos con representación parlamentaria.
El portavoz de la comisión promotora de la ILP, David Núñez, ha señalado que la Iniciativa Legislativa Popular no implica un aumento del gasto ni disminución de los ingresos en los Presupuestos de la Administración autonómica, por lo que se eliminaría la principal razón por la que el Consejo de Gobierno de la Junta podría oponerse a que llegue al debate en la Cámara autonómica.
Núñez ha recordado que los funcionarios interinos aprobaron unas oposiciones, aunque sin plaza, como requisito para su nombramiento, por lo que defiende que ahora se utilice directamente el concurso de méritos para la adjudicarlas definitivamente. Esta vía está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley.
Seis años en paro esperando una llamada
En el caso de María del Carmen han sido cuatro las veces que llegó a aprobar las oposiciones, pero siempre sin plaza. Esta sevillana empezó a trabajar en la Administración el 24 de julio de 1990 como interina de la bolsa de auxiliares técnicos de informática. Hasta 1992 no se convocaron las primeras oposiciones. Desde entonces ha concatenado contratos hasta 2013, año en el que le dijeron que acababa su contrato.
“La Junta contrata fuera los servicios de informática”, explica María del Carmen a sus 55 años y con 25 de experiencia como empleada pública. Desde entonces lleva en las listas del paro esperando una llamada que la devuelva a la vida laboral. “Siempre estoy pendiente del teléfono, de hecho, si veo una llamada con un número extraño me da un vuelco el corazón”, asegura. “Seis años esperando esa llamada”.
María del Carmen tiene dos hijos de 21 y 26 años que saben lo mal que lo ha pasado su madre en estos seis años de inactividad. “Afecta psicológicamente, suelo despertarme a las tres de la mañana y ya no doy ojo; estoy intentando que no me afecte más a mi vida. No puedo estar con esta angustia”, explica la interina, la única persona hasta algunos meses de una bolsa en la que no se hacen contrataciones. “Y si ahora llaman, la plaza es para el número uno, que no soy yo porque me han adelantado por estar tanto tiempo parada”, explica.
Por eso, María del Carmen solo espera que los políticos den una solución política a un problema político. “Dependemos de su voluntad —sentencia—, porque ellos crearon un problema que se les ha ido de las manos y no han sabido resolver”.
