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Los impuestos regionales, un laberinto lleno de contradicciones

La igualdad de los españoles parece papel mojado cuando hablamos de impuestos, sobre todo si los que se citan son Patrimonio y Sucesiones. Un informe del Consejo General de Economistas sobre la fiscalidad autonómica y foral publicado esta semana revela algunos datos realmente curiosos. Por ejemplo, que los 79 impuestos regionales que hay en España apenas reportan el 2,2% de los ingresos, que las autonomías tienen formas de escapar al control o que algunas bonificaciones llevan adosados tantos requisitos que conseguirlas es más difícil que ganar a la lotería.

Durante los años de la crisis, las comunidades autónomas se han inmerso en la búsqueda de hechos imponibles para mejorar sus cuentas. Hasta el punto de que hoy existen tipos y tasas impositivas que graban, por ejemplo, las bolsas de plástico, los gases fluorados, el agua embalsada, la renta potencial de la tierra (en Andalucía, denominado Impuesto sobre tierras infrautilizadas), los aprovechamientos cinegéticos (propio de Extremadura), el transporte por cable (telesilla de las estaciones de esquí) y un largo etcétera.

Los Gobiernos regionales han sido muy proactivos en la creación de nuevos tributos donde tenían margen para hacerlo y han utilizado ampliamente la capacidad normativa en tributos cedidos. Como consecuencia de ello, se han establecido hasta 195 reducciones y bonificaciones en el IRPF, 225 en Sucesiones y Donaciones y 238 tipos reducidos y deducciones en el Impuesto sobre Transmisiones.

Este maremágnum ha derivado en un sistema de financiación autonómico incomprensible y que fomenta debates territoriales estériles y dolorosos, dicen los economistas. No es fácil entender que, por ejemplo, un soltero que hereda bienes paternos por valor de 800.000 euros pague de Sucesiones en Andalucía 164.000 euros, mientras que si viviera en Canarias apenas cotizaría 134 euros y en Madrid, 1.586 euros.

AFP/Archivos | Pedro Armestre
AFP/Archivos | Pedro Armestre

La actual estructura fiscal autonómica –con 79 impuestos propios y el anuncio de nuevos impuestos medioambientales– resulta excesivamente compleja y hace falta llevar a cabo una revisión en profundidad del sistema. Pero de ahí al acuerdo hay un trecho.

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Ahora que está abierto el debate sobre la revisión global de la financiación regional y los impuestos que se derivan de ella, el Consejo General de Economistas considera que los datos de recaudación de los tributos cedidos y de los impuestos propios de las CCAA se conocen demasiado tarde y tenemos poca información sobre los beneficios fiscales que generan.

Las CCAA quizá se han excedido en su capacidad normativa, estableciendo multitud de reducciones, deducciones o bonificaciones, dicen los Economistas. Y añaden que algunas decisiones e impuestos generan más confusión que ingresos. El jarro de agua fría sigue al hablar de los requisitos. Aquí la existencia de tantos cambios y condicionantes dificulta el control, sobre todo cuando los requisitos se mantienen por mucho tiempo, o cuando las deducciones se pueden aplicar sólo a colectivos muy pequeños y son de menor valor.

El informe del Consejo de Economistas revela además aspectos sorprendentes. Por ejemplo, que el agua acapara el 77,3% de la recaudación o que, de los 79 impuestos propios aprobados por las comunidades autónomas, algunos están en suspenso, otros bonificados al 100% y algunos incluso han sido declarados inconstitucionales.

Pero lo que quizá resulta más sorprendente es saber que existen impuestos regionales donde es “muy probable” que la recaudación no llegue a cubrir los costes de su establecimiento y recaudación. El colmo.

Laotracaradelamoneda

Maribel Rodrigo

IDNet Noticias