Yahoo Finanzas La propuesta de Trump para anular el programa de emprendedores extranjeros afecta a las startups
Alex Modon sabía que poner en marcha una nueva empresa tecnológica no era fácil, pero con lo que no contaba era con la política de inmigración estadounidense bajo el mandato del presidente Trump.
Antes de fundar Omni Labs, Inc., en junio de 2015, Modon y sus cofundadores, Vikram Tiwari y Nishant Srivastava, trabajaron varios años en la industria tecnológica, por lo que conocían de primera mano los desafíos que representa “lanzar una startup”.
Sin embargo, incluso en el competitivo y atestado sector del marketing basado en datos, Omni, una plataforma automatizada de análisis de datos publicitarios para empresas, se convirtió rápidamente en una estrella en ascenso. Según los expedientes judiciales, el año pasado los clientes de Omni aumentaron de 5 a 140 empresas en tan solo ocho meses, y en septiembre de 2017 esa startup, en gran parte autofinanciada, ya contaba con un flujo de caja positivo. Desde entonces, Modon le reveló a Yahoo Noticias que la startup con sede en San Francisco ha seguido creciendo, tanto en clientes como en ingresos.
“Lo más difícil es salir adelante, así que en realidad todo está yendo muy bien”, comentó, pero lo cierto es que eso solo aumenta la frustración que genera la política de inmigración estadounidense. A pesar de que Omni pertenece a tres cofundadores, solo Modon, quien nació en Estados Unidos, puede vivir y trabajar en el país donde se encuentra ubicada la empresa. El año pasado, al no poder conseguir visas de trabajo para Tiwari y Srivastava -ambos ciudadanos de la India-, Omni tuvo que abrir una oficina secundaria en Vancouver, un esfuerzo caro que, según Modon, también les ha planteado muchos desafíos logísticos.
Una de las últimas medidas de Obama
Ahora la compañía se encuentra en un limbo, a expensas de la administración Trump, que quiere eliminar una medida de la era Obama que pretendía otorgarle una estadía limitada en los Estados Unidos a ciertos empresarios calificados, como los cofundadores de Modon.
La medida, conocida como la Regla de Emprendedores Internacionales, se propuso por primera vez en 2016, tras varios intentos fallidos de aprobar una legislación en el Congreso para crear la llamada visa startup. A diferencia de muchos otros países, Estados Unidos no ofrece ningún tipo de visa o permiso de trabajo específico para los empresarios extranjeros que quieran crear nuevos negocios en el país.
Tras meses de consultas con expertos legales, líderes de la industria tecnológica y el público en general, el Departamento de Seguridad Nacional de Obama publicó la versión final de la Regla de Emprendedores Internacionales (IER, por sus siglas en inglés), exactamente tres días antes de que Donald Trump tomara las riendas del Gobierno.
No se sabía con certeza qué sucedería con la medida bajo el mandato del presidente Trump, confesó Doug Rand, ex subdirector de emprendimiento de la Casa Blanca durante la presidencia de Obama y quien ayudó a elaborar la legislación.
“Por un lado, esta administración no se ha caracterizado precisamente por facilitar la inmigración. Sin embargo, ¿qué legislación está más ‘basada en el mérito’ que la Regla de Emprendedores Internacionales?”, preguntó Rand refiriéndose a los repetidos llamamientos de Trump a la “inmigración basada en el mérito”, a los que incluso hizo referencia durante su discurso del Estado de la Unión.
De hecho, el enfoque de la administración Trump sobre esta medida muestra el choque entre los valores pro-negocios y anti-inmigrantes que defendió durante su campaña para la presidencia.
Cambios en la hoja de ruta
La IER se convirtió oficialmente en una medida gubernamental antes de que Trump asumiera el cargo, pero la implementación se retrasó hasta el 17 de julio de 2017 para darle tiempo a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a poner en marcha el programa. El 11 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que estaban bajo el liderazgo de los intransigentes John Kelly y Frank Cissna respectivamente, emitieron otra disposición para “retrasar temporalmente la fecha de entrada en vigor de la Regla de Emprendedores Internacionales definitiva” del 17 de julio de 2017 al 14 de marzo de 2018”. Aunque se afirmó que el retraso sería temporal, el anuncio dejó claro que el Departamento de Seguridad Nacional tenía la intención de revocar la medida y pensaba usar ese aplazamiento para ello.
Los emprendedores que estaban esperando desde enero para presentar sus solicitudes a través de la IER fueron testigo de cómo sus planes se evaporaban. En septiembre, Omni, junto con otras startups y empresarios individuales, se unieron a la Asociación Estadounidense de Capital de Riesgo (NVCA, por sus siglas en inglés) para interponer una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para impugnar la legalidad del aplazamiento, y ganaron. El 1 de diciembre de 2017, un juez de tribunal de distrito de Estados Unidos, en Washington, D.C. ordenó que se anulara el aplazamiento y que el Departamento de Seguridad Nacional finalmente empezara a aceptar las solicitudes de permiso de residencia temporal bajo la Regla de Emprendedores Internacionales.
“En nuestra historia, nunca antes habíamos demandado al gobierno federal”, dijo Jeff Farrah, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la NVCA. Sin embargo, su victoria en la corte fue solo parcial.
Antes de que el juez hubiera emitido su fallo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de anular formalmente la IER como parte de la Agenda Reguladora de la administración Trump. Entonces presentaron una medida llamada “Anulación de la Regla de Emprendedores Internacionales” a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Oficina de Administración y Presupuesto, donde ha estado languideciendo más o menos desde el 17 de noviembre de 2017.
Como candidato, Trump prometió aprovechar su experiencia empresarial para hacer “grandes negocios” que crearían empleos y reforzarían la economía. Sin embargo, sus puntos de vista radicales sobre la inmigración provocaron la ira de algunas personas en el mundo de los negocios, sobre todo en la industria tecnológica. Aunque sus promesas de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal tuvieron más eco, Trump dejó claro que también pretendía abrir vías legales para la inmigración, como las visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados, de las que dependían en gran medida muchas compañías tecnológicas estadounidenses.
El año pasado, cuando los líderes de Silicon Valley llegaron a la Casa Blanca para reunirse con Trump y los funcionarios del gobierno, uno de los temas clave en la agenda fue la inmigración. Según los informes de esas reuniones en aquel momento, algunos ejecutivos de Silicon Valley plantearon el tema de la IER y dijeron que estaban seguros de que los funcionarios de la administración, incluido el asesor económico Gary Cohn, entendieron sus preocupaciones sobre la necesidad de permitirles a los emprendedores y extranjeros altamente calificados trabajar en los Estados Unidos.
“Es muy emprendedor y comprende el libre mercado, así que creo que cualquier republicano que se tome en serio los negocios debería también tomarse en serio esta medida”, dijo León Rodríguez, ex director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, quien supervisó la creación de la Regla de Emprendedores Internacionales.
Lo que se ofrecía a los emprendedores y ha desaparecido
La versión de la IER que se publicó en las últimas horas de la presidencia de Obama otorgaba el permiso de residencia temporal, que en términos de inmigración significa un permiso para permanecer en el país hasta dos años y medio, a los emprendedores extranjeros que sean dueños de una parte significativa (al menos un 10%) y desempeñen un papel esencial en las operaciones de una startup que se haya fundado en Estados Unidos en los últimos cinco años. Los solicitantes también deben demostrar que su empresa tiene un “gran potencial para crecer rápidamente y crear empleos”, lo cual significa que deben haber recibido inyecciones de capital de al menos 250.000 dólares de inversionistas estadounidenses calificados o recibir subsidios federales, estatales o locales por valor de 100.000 dólares.
Los emprendedores que cumplen con los requisitos del permiso de residencia temporal bajo la IER, tendrían derecho a solicitar una prórroga de hasta dos años y medio más si demuestran que siguen proporcionando un “beneficio público significativo” para el país. En total, el programa no ofrece más de cinco años de residencia en Estados Unidos para los aproximadamente 3.000 empresarios que podrían calificar.
“Es una medida bastante modesta ya que la propia residencia temporal es un beneficio moderado”, dijo Rodríguez. “Es completamente provisional. Puede ser revocado en cualquier momento; no existe la posibilidad de obtener una tarjeta verde, ni ciudadanía, por lo que se trata de una medida relativamente modesta”.
Sin embargo, a pesar de su modestia, los grupos anti-inmigración la han puesto en su punto de mira. Para grupos como la Federación Americana para una Reforma Migratoria, más conocida como FAIR, la elección de Trump fue una oportunidad única. De repente, el presidente defendió los puntos de vista que la mayoría de los republicanos convencionales había rechazado y ubicó a personalidades intransigentes con la inmigración en puestos claves de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional.
“Tenemos aliados en la administración”, sobre todo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, dijo R.J. Hauman, director de asuntos gubernamentales de FAIR. “El permiso de permanencia temporal para empresarios internacionales es precisamente el tipo de regulación no autorizada que infringe la preeminencia del Congreso al establecer políticas de inmigración y amenaza la integridad de nuestras leyes de inmigración, por lo que no es sorprendente que la administración Trump se esté movilizando para revocarla”.
Hauman reiteraba el argumento que el Instituto de Ley de Reforma Migratoria (IRLI, por sus siglas en inglés), el brazo legal de la FAIR, había presentado contra la IER, uniéndose al coro de los senadores republicanos Chuck Grassley, Michael Lee, David Vitter y Jeff Sessions, ahora el fiscal general de Trump.
Excusas legales para paralizar la medida
Su punto de vista, articulado en una serie de cartas enviadas al Departamento de Seguridad Nacional antes y después de que la medida se completara, señala que la administración Obama estaba extralimitando sus competencias al otorgarles el permiso de permanencia temporal a una categoría específica de inmigrantes, creando básicamente un programa de visa de facto, algo solo puede hacer el Congreso. Ese fue el mismo argumento que se blandió contra otras políticas de la administración Obama, como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
En su propuesta oficial para revocar la Regla para Empresarios Internacionales, el Departamento de Seguridad Nacional de Trump declaró que debe revisarla bajo la luz de la nueva orden ejecutiva del presidente sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración, que limita explícitamente el uso de la autoridad para otorgar permisos de permanencia temporal, como parte de la política de la administración para “terminar con el abuso en la concesión de los permisos de permanencia temporal”.
“Si se quiere analizar su objeción desde una luz más positiva, podemos señalar que se trata de una cuestión de separación de poderes, a lo cual se le suma el hecho de que conceder permisos de permanencia temporal no es una puerta trasera para que los ejecutivos creen una visa según sus conveniencias”, dijo Doug Rand. “Sin embargo, se trata de un argumento legal muy arcaico y es difícil negar que esta política podría crear muchos buenos empleos para los trabajadores estadounidenses”.
La postura de los que apoyan la iniciativa
Los partidarios de la medida de ambos bandos ponen en duda que la autoridad para conceder permisos de permanencia temporal sea una base sólida para deshacerse del programa, dado el compromiso expreso del presidente con la creación de empleo y la inmigración basada en el mérito.
“Yo creo que no hay ninguna razón en especial para revertir la Regla para Empresarios Internacionales”, afirmó Douglas Holtz-Eakin, ex director de la Oficina de Presupuesto del Congreso bajo George W. Bush, quien también formó parte del Consejo de Asesores Económicos para el presidente George H. W. Bush. “Es una legislación sensata: atrae el tipo adecuado de inmigración que Estados Unidos necesita. No se puede negar”.
Holtz-Eakin, actual presidente del American Action Forum, fue uno de los 1.470 economistas republicanos y demócratas que le enviaron una carta abierta a Trump y los líderes del Congreso el pasado mes de abril para expresar su apoyo a la inmigración como factor clave para la ventaja económica de Estados Unidos .
“Son una gran fuente de crecimiento dinámico potencial”, dijo Holtz-Eakin refiriéndose a los inmigrantes. También afirmó que era posible que la motivación para revocar la IER fuera la “aversión general de la administración Trump hacia la inmigración”.
“Están seguros de que, por algún motivo, la inmigración perjudica a Estados Unidos y su economía, pero no creo que sea cierto. Aunque sea popular oponerse a los inmigrantes desde el punto de vista político, no creo que redunde en un interés estadounidense a largo plazo”, afirmó.
Paul Hughes, un abogado de Mayer-Brown que representó pro-bono a Omni y otras startups en su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que también le resultaba difícil entender la resistencia de la administración a un programa que “parece ser la definición de una inmigración basada en el mérito”.
Grupos como FAIR y Numbers USA, otra organización que intenta reducir la inmigración legal e ilegal en Estados Unidos, han defendido explícitamente desde hace tiempo un sistema de inmigración basado en el mérito.
“Debemos analizar con objetividad nuestras necesidades sociales y económicas para encontrar a las personas que mejor pueden satisfacerlas”, afirmó Ira Mehlman, portavoz de FAIR U.S.
Rosemary Jenks, directora de relaciones gubernamentales de Numbers USA, agregó que la oposición a la IER no se debe tanto al contenido de la medida como a quién se beneficiaría con la forma en que fue creada.
Aunque insistió en que “el mayor problema que tenemos no es la administración, sino el Congreso, donde se aprueban las leyes de inmigración” en última instancia, afirmó Jenks. “Lo que sí queremos es reducir el número total de inmigrantes que entran al país”.
“Si el Congreso va a crear un programa para emprendedores, necesita descontar ese número de visas de otra parte para disminuir las cifras generales”, apuntó. “No vamos a apoyar la creación de categorías de inmigración adicionales”.
Jenks dijo que Numbers USA, al igual que FAIR, ha visto nuevas oportunidades de influencia bajo el mandato del presidente Trump. Ha señalado como pruebas de que su posición sobre la necesidad de reducir las cifras de la inmigración está siendo adoptada por figuras clave en el gobierno federal, haciendo referencia a algunas propuestas de la Casa Blanca y miembros del Congreso dirigidas a eliminar fenómenos como la “migración en cadena” y el programa de lotería de visas de diversidad.
“Al menos están debatiendo el tema, algo sobre lo que no se hablaba antes de que el presidente Trump asumiera el cargo”, dijo.
Tanto Jenks como Hauman dijeron que confían en que la administración Trump revocará la Regla de Emprendedores Internacionales. Al mismo tiempo, Jeff Farrah de la NVCA, señaló que sus reuniones y conversaciones con miembros de la administración le dejan un margen de esperanza, al menos en lo que respecta al futuro de la medida.
“No cabe dudas de que el mensaje de que la IER beneficiará la economía y creará nuevas empresas en los sitios más alejados de las costas, donde se necesita desesperadamente crear nuevos empleos, ha hecho eco en algunas personas dentro de la administración”, afirmó Farrah. “Creo que muchos consideran que esta medida se encuentra en sintonía con el objetivo del presidente de impulsar nuevas oportunidades económicas en lugares que se han sentido abandonados durante los últimos años”.
Las solicitudes que se han quedado paralizadas
Sin embargo, como señaló Farrah, “actualmente la medida existe: es una ley del país”, pero la incertidumbre que rodea su futuro ha dejado a quienes presentaron las solicitudes en una incómoda situación de espera.
Carter Langston, subdirector de relaciones públicas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, le dijo a Yahoo Noticias que hasta ahora la agencia “ha recibido aproximadamente 10 solicitudes para el programa IER, pero aún no se ha emitido ninguna decisión final” y no pudo precisar cuándo podrían darles una respuesta a los solicitantes.
Una cláusula de exención en la parte superior de la página de la Regla de Emprendedores Internacionales del sitio web del USCIS deja claro que, mientras el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos implementa el programa de acuerdo con el fallo de la corte emitido en diciembre, la agencia “también está a punto de publicar un anuncio de modificación normativa para eliminar la IER”.
Cuando le preguntamos si esa advertencia, que aparece destacada en la parte superior para realizar la solicitud del programa (que cuesta 1.200 dólares más una tarifa de servicios biométricos de 85 dólares) está destinada a desalentar a los posibles solicitantes, Langston afirmó que “la información que aparece en nuestro sitio web informa a los posibles solicitantes de la IER que el DHS ha anunciado planes para revocar la medida a través de un anuncio de modificación normativa”.
Omni es una de las startups que espera ansiosamente una respuesta a su aplicación.
Presentaron su solicitud en septiembre del año pasado y durante los meses posteriores, los líderes de la compañía han disminuido, pasando de tres cofundadores a solo dos ya que Srivastava regresó a la India en busca de una oportunidad de empleo más estable. Mientras tanto, Tiwari permanece en Vancouver, un hecho que, según Modon, ha obstaculizado la capacidad de expansión de la compañía. Omni ahora tiene un total de ocho empleados, la mayoría de ellos en San Francisco. “Básicamente, Vik se encuentra solo en Vancouver”, explicó Modon.
“Estar en un entorno consolidado reporta muchísimos beneficios. Un detalle particularmente importante para las empresas que están empezando”, apuntó Modon. “No hay dudas de que tardamos más en tomar decisiones estratégicas y no hemos tenido la posibilidad de contratar a casi nadie aquí porque no tenemos tantos recursos administrativos”.
La asociación a distancia de Modon y Tiwari también ha sido un obstáculo para recaudar fondos, ya que las redes y las presentaciones físicas son cruciales a la hora de buscar inversores.
Aunque San Francisco es el hogar ideal para Omni, Modon dijo que él y Tiwari no han descartado la posibilidad de trasladar completamente sus operaciones a Canadá, si es necesario.
“Nos encantaría trabajar aquí, pero creo que, en última instancia, una empresa es tan solo la unión de unas cuantas personas. Así que te mueves donde sea necesario para lograrlo”, afirmó.
Tiwari es un reconocido desarrollador de software y experto certificado en tecnología en la plataforma de Google Cloud, lidera varios grupos de desarrolladores de comunidades y le invitan con regularidad a dar conferencias tecnológicas en Estados Unidos, como en el Windy City Devfest que celebró Google en Chicago en el mes de febrero y otra más que se desarrollará en octubre en Raleigh, Carolina del Norte.
Además del éxito inicial de Omni, Tiwari pensó que su experiencia y calificaciones certificadas le permitirían inmigrar a Estados Unidos “con relativa facilidad” para crear una startup.
Tiwari dijo que “es frustrante intentar entender por qué” le ha resultado tan difícil obtener un permiso para vivir y trabajar en el mismo país donde se encuentra la compañía que creó, especialmente desde que “todo se basa en el mérito”.
“¿Qué más podemos hacer?”, preguntó.
