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La okupación sube el 'nivel': el negocio de secuestrar viviendas nuevas y extorsionar a los promotores
La okupación de pisos parece haber subido “ascendido de división”. Han conseguido perfeccionarse y encontrar un nuevo negocio que explotar. Ese es el mensaje que parece desprenderse de los últimos ‘asaltos’ en ciudades como Baleares y Barcelona. El objetivo son pisos nuevos o rehabilitados por promotoras no demasiado grandes: los okupas entran y se instalan en las viviendas recién terminadas y a pocos días de producirse la entrega de llaves.
Pero la estrategia va mucho más allá porque, en realidad, no se trata de okupas entendidos como personas que necesitan un hogar donde habitar por un periodo de tiempo (normalmente hasta que se emite la orden de desalojo del juez), sino que okupan las casas hasta que el promotor paga el ‘rescate’ que ellos imponen. Una vez hecha la transacción, desaparecen del lugar. De hecho, los individuos que habitan ilegalmente los apartamentos son, en realidad, personas a quienes los cabecillas de estas bandas contratan para realizar el chantaje. No se está hablando de okupas, se está hablando de bandas organizadas que extorsionan y chantajean para conseguir un dinero fácil y suculento.
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El negocio tiene poco de improvisación porque, como explican desde una promotora afectada en Baleares, al centrar sus ataques en edificios donde la entrega de llaves está más que programada y el pago de la reserva efectuado, los promotores se ven obligado a pagar el rescate. Porque no hacerlo significa cancelar todas las ventas e iniciar un largo proceso judicial que podría acabar hundiendo la empresa.
Por eso las principales afectadas son promotoras de tamaño medio y pequeño, las que tendrían más dificultades para asumir estos costes. Además, tomar estas viviendas nuevas o rehabilitadas tiene una ventaja añadida para ellos: son pisos a estrenar que en pocos días pueden destrozar, generando aún más pérdidas para las constructoras. Al final las promotoras no tienen otra opción que pagar porque no se pueden arriesgar a que eso suceda y los okupas lo saben.
Bandas coordinadas y muy bien organizadas
Estas organizaciones criminales saben muy bien lo que hacen, a quién y cuándo. Según cuentan desde la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios en Baleares (Proinba), entre las personas que envían a ‘secuestrar’ estas casas procuran que se encuentren ancianos, adolescentes o niños, utilizados para paralizar un eventual desahucio. Cuelgan ropa de niño en la terraza o colocan varios juguetes o dibujos infantiles por la casa para hacer ver a la policía que habitan menores.
A pesar de que hasta el momento son solo casos puntuales, las alarmas ya comienzan a sonar. Desde Proiban y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) califican esta actuación como delito de robo y piden que sus artífices sean tratados y castigados ante la ley como tales. Para ellos, se trata de subproducto de la industria de la ocupación, una industria delictiva cada vez más profesionalizada.
El vacío legal que ampara este tipo de prácticas, además de poner en peligro muchas pequeñas y medianas empresas, puede conllevar otros problemas importantes. Para evitar estos ‘secuestros’, muchas promotoras se ven obligadas a contratar vigilancia permanente, lo que aumenta los costes y, por consiguiente, el precio de venta de las casas. Esto podría elevar aún más los precios de compra y alquiler, algo que ya supone un problema importante para muchas familias.
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