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La Audiencia condena a 4 exdirectivos de CAM a penas de entre 2 y 4 años de cárcel

MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a inversores a penas de prisión que oscilan entre los dos años, nueve meses y un día hasta 4 años.

La CAM, que estuvo bajo la administración del FROB tras su intervención en 2011, fue adjudicada a finales de 2012 a Banco Sabadell tras una inyección de capital público de 5.249 millones de euros.

La entidad se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España tras su intervención por problemas de solvencia y liquidez en julio de 2011, llegando a ser calificada como "lo peor de lo peor" por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

"(Se) considera probado que los 4 condenados son responsables de reflejar en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de las pérdidas que realmente estaba generando (CAM)", dijo el gabinete de prensa del tribunal.

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En concreto, la sentencia destaca que CAM anunció unas cuentas de 39,8 millones de euros en el primer trimestre de 2011, cifra que el fondo de rescate estatal FROB corrigió para situarla en unas pérdidas de 1.163 millones de euros y un ratio de morosidad del 19 por ciento.

"Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros (...) resultaban 'irreales y espurias' y esa disparidad de cifras (...) 'constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba", añadió.

Los condenados son los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós (3 años de prisión) el exdirector general de Planificación y Control, Teófilo Sogorb (4 años, tres por el primer delito y uno por el segundo delito) y el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez, a dos años, nueve meses y un día.

Los otros cuatro acusados quedan absueltos, al igual la Fundación CAM, Banco Sabadell y Caser, que estaban acusadas de responsabilidad civil.

CAM operaba en la costa oriental española, una de las zonas más devastadas por el profundo bache que atravesó el sector inmobiliario español a partir de 2008 y que arrastró a la banca española, especialmente a las cajas de ahorros.

Las ayudas públicas destinadas a tapar el agujero que dejó la debacle de las cajas ascendían a 54.353 millones de euros -entre mayo de 2009 y diciembre de 2016-, además de los los 7.942 millones aportados en capital por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, un organismo de rescate financiado por la propia banca), EPAs (esquemas de protección de activos, avales otorgados para cubrir potenciales pérdidas crediticias) y otras garantías privadas y públicas.