La juez ordena investigar los correos de 17 personas de la Junta por Aznalcóllar

Sevilla, 14 feb (EFE).- La juez que investiga la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha ordenado analizar los correos electrónicos de 17 personas de la Junta de Andalucía relacionadas con el proceso, entre ellos dos viceconsejeros y el interventor general.

En un auto la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue estas comunicaciones.

Entre las 17 personas están la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José Asensio; a su antecesor en la viceconsejería, Luis Nieto; y al interventor general de la Junta de Andalucía y ex secretario general de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández.

El análisis "se ceñirá única y exclusivamente a los aspectos que puedan ser relevantes para la presente causa, y exclusivamente al período de tiempo comprendido entre los años 2013 a 2016", explica la juez, que en una primera orden de enero pidió investigar los correos del consejero de Empleo José Sánchez Maldonado.

Tras las protestas de Maldonado, que es aforado por ser parlamentario andaluz y denunció la investigación "prospectiva" además de la "indiscriminada", "masiva" e "ilegítima invasión" de la orden, la juez le excluye de las indagaciones iniciales, que estaban recogidas en una pieza declarada secreta hasta el nuevo auto de 9 de febrero.

La juez indica que el volcado y estudio de los correos se hará solo para comunicaciones relacionadas con la investigación y "con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa".

El proceso de concesión de la mina se culminó el 20 de febrero del 2015 por parte de la Junta en favor de Minorbis-Grupo México, lo que denunció la empresa finalista del concurso, Emerita Resources, e investigó el juzgado antes de archivar la causa en diciembre del 2015, decisión que revocó la Audiencia en octubre pasado.

La orden de reabrir el caso se produjo después de que la Audiencia, en un auto firmado por Mercedes Alaya, apreciara "ilegalidades severas y arbitrarias" por parte de la Junta de Andalucía que podrían suponer un delito de prevaricación.

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