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Ira electoral inunda milagrosa economía de República Dominicana

Michael Deibert

(Bloomberg) -- Capotillo, barrio pobre de Santo Domingo en República Dominicana, hierve bajo el sol caribeño, entre las orillas de los contaminados ríos Isabela y Ozama. Esta es una faceta del país que los externos casi nunca ven.

Aquí y en otros barrios como este, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobierna desde hace mucho tiempo, lucha por mantener el apoyo antes de las elecciones del próximo año.

“La economía crece, pero no fluye hacia nosotros”, dice Luis Tomás Solano, de 68 años, que trabaja con la Fundación Escoba, una organización comunitaria que recoge basura y fumiga para eliminar los mosquitos. “No hay sistema de desagüe, el agua llega cada tres días y hay apagones de hasta 24 horas seguidas”.

El PLD, a excepción de cuatro años a principios de la década de 2000, ocupa la presidencia desde 1996. República Dominicana ha tenido el mayor crecimiento en América Latina después de Panamá en la última década, impulsado por el turismo y la construcción.

Sin embargo, en distritos pobres como Capotillo, es más difícil notar los logros del Gobierno. Alrededor de 40% de la población aún vive en la pobreza, según el Programa Mundial de Alimentos.

Debido a la reciente disputa dentro del PLD entre el actual presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, esta desconexión ha ayudado a erosionar el apoyo al partido.

‘Encrucijada peligrosa’

Los resultados preliminares mostraron que Fernández perdió las primarias del 6 de octubre por un estrecho margen ante el sucesor elegido por Medina, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo. Fernández alega fraude y exige una revisión de la votación, supervisada por observadores internacionales.

“Las cosas han llegado a una encrucijada muy peligrosa ahora”, dice Minou Tavárez Mirabal, quien sirvió en el Congreso dominicano de 2002 a 2014 y fue miembro del PLD desde hace mucho tiempo, luego renunció al partido. Desde entonces, ha ayudado a formar un nuevo partido, Alianza País.

Tavárez Mirabal dijo que la tradición política despótica del país y las frágiles instituciones democráticas se han combinado para convertirse en “un proyecto de poder autoritario” del partido gobernante.

La propuesta de Medina de cambiar la Constitución para permitirle buscar un tercer mandato hizo sonar las alarmas en un país que solo surgió de la dictadura en la década de 1970, aunque finalmente cedió.

El control que PLD tiene sobre el Congreso, el poder judicial y la presidencia, ha generado una sensación de impunidad y ha permitido que florezca la corrupción, dicen críticos del partido.

Algunos de los cientos de millones de dólares pagados en sobornos por la constructora brasileña Odebrecht terminaron en República Dominicana. Siete funcionarios actuales y anteriores han sido acusados de presunta malversación en relación con las operaciones de la compañía en el país.

Profunda división

El gobierno de Medina ha rechazado las solicitudes de que una comisión independiente investigue supuestos sobornos sobre una planta de carbón construida por Odebrecht al suroeste de la capital.

“Hay una gran crisis institucional”, dijo Miguel Ceara-Hatton, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, y afiliado al opositor Partido Revolucionario Moderno. “El sistema de justicia está controlado por el Gobierno. La Suprema Corte de Justicia está compuesta por militantes reconocidos del partido oficial. Además, el caso de Odebrecht y la acción del fiscal mostraron una voluntad de proteger a los miembros del Gobierno actual”.

El PLD ha rechazado enérgicamente las acusaciones de corrupción.

“El Gobierno ha estado tomando medidas desde 2012, cuando el presidente asumió el cargo”, dijo el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, en una entrevista, citando una serie de medidas que criminalizan la corrupción y el fraude fiscal. Mucho antes del escándalo de Odebrecht, “el Gobierno ya estaba tomando medidas para aumentar los niveles de transparencia y mejorar los procesos de compra y contratación por parte del Estado”, dijo.

En 2017 y 2018, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra la corrupción en el llamado movimiento Marcha Verde. Algunos consideraban posible un reordenamiento del mapa político de la nación.

El PLD también pensaba así, y el año pasado, logró aprobar una ley que impone una serie de restricciones a la competencia política en el país. La ley está siendo impugnada en los tribunales.

‘Cada vez mejor’

No es difícil encontrar partidarios del Gobierno en el sector empresarial de la nación.

“República Dominicana tiene un desempeño superior en la región”, dijo Jan Ortiz, tesorero de la unidad local de Bank of Nova Scotia. “Los últimos 15 años han sido realmente buenos para la economía en general. Las oportunidades que vemos aquí son buenas y mejoran cada día”.

A pesar de ello, el salario mínimo para los trabajadores en una de las más de 700 zonas de libre comercio de la nación, áreas donde los productos se pueden ensamblar, empaquetar y exportar sin estar sujetos a aranceles de aduana, es de 10.000 pesos por mes, un poco menos de US$200, y la división salarial se siente fuertemente en barrios como Capotillo.

“Para comprar un televisor, nuestras familias deben dejar de comer”, dice Solano. “No hay ningún trabajador en este vecindario que diga ‘me fui de vacaciones’ porque el salario apenas alcanza para cubrir una cuarta parte de los gastos familiares. Nuestra población pasa un día más en la pobreza, en la miseria”.

Nota Original:Voter Anger Spreads in Dominican Republic’s Miracle Economy

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota: Carlos Manuel Rodriguez, carlosmr@bloomberg.net

Reportero en la nota original: Michael Deibert en Bogota, mdeibert@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original: Matthew Bristow, mbristow5@bloomberg.net, Robert Jameson

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