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El intento de legalizar la cocaína en Colombia: sale mucho más barato que el plan para erradicarla

Javier Taeño
·4 min de lectura

Durante años Colombia ha defendido una estrategia de guerra total contra las drogas que no ha dado buen resultado. Además de caro, el enfrentamiento contra el narcotráfico ha sido ineficiente y muchos de los objetivos que se buscaban (reducción del consumo de sustancias, eliminación o reducción de su producción y distribución, reducción de las hectáreas de cultivo de coca…) han caído en saco roto.

Quizás ha llegado el momento de buscar nuevas soluciones y uno de los senadores más prestigiosos del país con una carrera que supera los 40 años en política, Iván Marulanda, quiere legalizar la industria de la coca para vencer a este comercio ilegal.

Iván Marulanda, el senador que propone legalizar la coca. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)
Iván Marulanda, el senador que propone legalizar la coca. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

En una entrevista en Vice, el exalcalde de Pereira expone los puntos maestros de un proyecto de ley de legalización de la cocaína que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso colombiano.

Marulanda parte de la base de que 40 años de políticas antidrogas y de criminalización de la coca, una estrategia respaldada por Estados Unidos, no han dado los resultados esperados, por lo que su conclusión es clara: el Estado debe comprar la totalidad de la cosecha de coca cada año.

Un plan que puede sonar muy complicado, pero que cobra cierto sentido cuando se habla de números. Y es que actualmente Colombia gasta 1.000 millones de dólares anualmente en la campaña de erradicación de la coca, mientras que adquirirla saldría por 680 millones. El senador señala que cuesta menos comprarla que intentar destruirla.

Su propuesta recoge que gracias a esta adquisición, que se haría a precio de mercado, 200.000 familias que se dedican actualmente al negocio dejarían de estar perseguidas y pasarían a una esfera legal, lo que sería ventajoso para todas las partes.

Además se detendría el daño a los ecosistemas colombianos, ya que las estimaciones apuntan a que el 25% de la deforestación anual se produce por el movimiento de las familias cocaleras que replantan nuevas áreas, mientras que huyen de las autoridades.

La gran pregunta entonces es qué haría el Estado una vez comprada toda la producción de coca. El proyecto también da respuesta a esta posibilidad y señala que podría usarse para hacer fertilizantes o abrirse a la propiedad industrial debido a la presencia significativa de calcio con propiedades energéticas en la hoja de coca. El senador asegura además que de esta manera se podrían desarrollar industrias como la de productos medicinales, alimentos o bebidas como el té sin que esté estigmatizada la materia prima.

Terreno deforestado en Colombia por los agricultores de coca. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)
Terreno deforestado en Colombia por los agricultores de coca. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Respecto al asunto más espinoso, la producción de cocaína, Marulanda defiende su uso para aliviar el dolor, considerando que los investigadores pueden estudiarla con fines analgésicos y sería muy beneficioso, ya que las farmacéuticas podrían acceder fácilmente a esta sustancia pura y no recurrir a la de mala calidad que hoy en día inunda el mercado.

Cabe señalar que en Colombia el consumo personal de cocaína es legal, pero no hay suficiente producción legal para satisfacer la demanda, por lo que mucha gente se ve abocada a los traficantes que son los que controlan el negocio y tienen mucho poder.

De esta manera, el Estado conseguiría teóricamente sacar al crimen organizado del negocio de la hoja de coca y además alejaría de la ilegalidad a miles de personas en el país. Una situación que cambiaría radicalmente la situación actual en la que el 90% de la cocaína en el mundo procede de Colombia (unas 1.500 toneladas que salen del país anualmente) y hay 200.000 hectáreas de tierra cultivada con coca.

Las dificultades

Marulanda pone el foco en que su propuesta es necesaria para recuperar el control del Estado y conseguir acabar con la corrupción y el narcotráfico en la política. Sin embargo, es consciente de las dificultades. Una de las principales es el tabú que el tema supone en una sociedad colombiana que ha crecido considerando el narcotráfico una guerra. Al respecto, el objetivo es abrir la conversación entre los colombianos y que se debata sobre esta propuesta.

Otra dificultad añadida es que ante una situación semejante no parece probable que los narcos se queden de brazos cruzados mientras que pierden un lucrativo negocio que han tenido durante décadas.

Con las elecciones presidenciales de 2002 a la vuelta de la esquina, Colombia debe decidir si persiste en su estrategia en la lucha contra el tráfico ilegal de cocaína o si por el contrario apuesta por otras alternativas. Está por ver qué termina ocurriendo.

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