Yahoo Finanzas Otro hándicap para el pacto PSOE-Podemos: la presión impositiva ya está en máximos
La presión fiscal, entendida como la suma de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social sobre el Producto Interior Bruto (PIB), ha alcanzado máximos históricos en España, superando la media de los países de la OCDE por primera vez desde el estallido de la crisis. El porcentaje se situó en 2018 en el 34,4%, subiendo siete décimas en comparación con el año anterior, aunque todavía por debajo de la media de la UE (40,3%) de la eurozona (41,7%).
En general, Europa soporta una fuerte presión fiscal, debido al aumento de la importancia del papel del sector público durante el durante último tercio del siglo XX, lo que hizo necesario dotarlo con mayores recursos económicos. Los países nórdicos son los que presentan unas políticas sociales más generosas y, por tanto, soportan presiones fiscales más altas, casi siempre por encima del 40%. En concreto, Dinamarca, Suecia e Islandia mantienen los niveles más altos desde hace décadas, con valores en torno al 48 % de media.
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Dentro de la Eurozona, el mayor peso de la presión fiscal correspondió a las cotizaciones sociales netas (15,2%), por delante de los impuestos a la producción y las importaciones (13,3%), de los cuales el 6,9% corresponde al IVA, y de los impuestos sobre la renta y el patrimonio (13%).
El impuesto sobre la renta (IRPF), el que más potencia recaudatoria tiene en España, supuso en 2017 un 21,8% del total de ingresos tributarios, frente a la media del 23,9% de la OCDE, y un 6,9% del PIB con respecto al 9,7% en promedio del resto de países que conforman la organización. El impuesto de sociedades (un 6,3% del total de la recaudación frente a un 9,3% de la OCDE) y el IVA (19,1% frente al 20,2%) tuvieron un menor peso.
En lo que España destaca es en las aportaciones a la Seguridad Social: en 2017 representaron un 34% sobre el conjunto de ingresos fiscales y el 11,2% del PIB, frente al promedio de la OCDE, que se sitúa en un 26% y un 7,3%, respectivamente.
En términos de distribución de la fiscalidad por niveles de administración, el informe de la OCDE ‘clasificó’ a España en una categoría de ‘país regional’, en la que no hay ningún otro país: los demás se reparten entre Estados ‘‘federales’’ o ‘’unitarios". No obstante, España se asemeja a los federales: desde 2013, los impuestos destinados al Gobierno central representaban un 42,1% del total, los de las comunidades autónomas un 13,7%, los de los ayuntamientos un 9,9% y los de la Seguridad Social un 34%.
¿Qué futuro le depara a la presión fiscal con el acuerdo PSOE - Podemos?
‘Justicia fiscal y equilibrio presupuestario’: así se llama la última de las medidas del decálogo firmado el pasado mes de noviembre por los líderes de ambas formaciones. Tal y como se expone en el documento, los partidos consideran que el control del gasto público es ‘esencial para el sostenimiento del Estado del bienestar’. El Gobierno de coalición trataría de impulsar políticas sociales y nuevos derechos, con una reforma fiscal ‘justa y progresiva, que elimine los privilegios’, y que sea capaz de acercar a España a los estándares de la Unión Europea.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos son partidarios de subir los impuestos a las rentas más altas y a las empresas. No obstante, existen ciertas discrepancias en cuanto ‘a quienes subírselos’. En su último programa, el Partido Socialista redujo su propuesta fiscal e incluyó sólo las llamadas tasa Google (Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales) y la Tasa Tobin (gravamen sobre las Transacciones Financieras Internacionales, dirigido a la compraventa de acciones). En cambio, Podemos rescató ideas del pacto presupuestario del año pasado, en el que la subida de impuestos afectaba más a la banca y las empresas de hidrocarburos. El partido de Iglesias insiste en establecer un impuesto a la banca para compensar el rescate financiero, que superó los 60.000 millones de euros, así como en crear un impuesto para las ‘grandes fortunas’.
Donde los dos partidos coindicen mucho es en la llamada ‘fiscalidad verde’, los impuestos de tipo medioambiental, siendo la lucha contra el cambio climático otro de los puntos fuertes del acuerdo. No obstante, e informe de la OCDE indica que los impuestos verdes suponen en España un 5,4% de los ingresos públicos, una cifra inferior a la de hace 25 años, que se situaba en un 6,6%. Pese a la importancia que está ganando la sostenibilidad en política en los últimos años, la tendencia a la baja se da también en otros países de la organización, como Italia, Francia o Alemania, con porcentajes situados entre el 8 y el 4%. En numerosas ocasiones, Bruselas ha animado a España a realizar una reforma fiscal en este sentido, la cual podría aportar un potencial recaudatorio de en torno a 13.000 millones de euros adicionales.
De por sí, no es malo que un país cuente con un alto porcentaje de presión fiscal: la verdadera cuestión es qué se hace con los ingresos obtenidos y en qué grado están generando bienestar para los ciudadanos. Sea como sea, lo que sí está claro es que el futuro gobierno no solo deberá centrarse en subir la presión, sino también en trabajar en transparencia y luchar contra la corrupción.
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