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Grupos israelíes llevan al Supremo la ley de asentamientos

Por ALON BERNSTEIN
Obreros palestinos trabajan en una obra de nuevas viviendas en el asentamiento israelí de Maale Adumim, cerca de Jerusalén, el martes 7 de febrero de 2017. (AP Foto/Oded Balilty)

JERUSALÉN (AP) — Dos grupos israelíes de derechos, Adalah y el Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, pidieron el miércoles al Tribunal Supremo de Israel que bloquee la aplicación de una ley aprobada esta semana en el Parlamento que legaliza los asentamientos en Cisjordania sobre terrenos privados palestinos.

La medida despertó fuertes críticas dentro y fuera de Israel. Sus detractores afirman que equivale a un robo legalizado de tierra y que resulta problemático a nivel legal, ya que pretende imponer la ley israelí sobre tierras ocupadas que no pertenecen al territorio soberano de Israel.

"Esta ley general y peligrosa permite la expropiación de vastas secciones de tierra palestina privada, dando preferencia absoluta a los intereses políticos de Israel", dijo Suhad Bishara, un abogado de Adalah.

Los defensores de la medida alegan que las poblaciones, algunas levantadas hace décadas y con miles de habitantes, se construyeron "de buena fe" y han recibido el apoyo discreto de varios gobiernos israelíes.

Los palestinos reclaman Cisjordania y Jerusalén oriental, capturados por Israel en la guerra de 1967, como parte de un futuro estado independiente. La mayoría de la comunidad internacional considera los asentamientos israelíes ilegales y un obstáculo para la paz. Unos 600.000 israelíes viven ahora en las dos áreas.

La ley, adoptada por el Parlamento el lunes, es el más reciente en una serie de pasos a favor de los colonos dados por el gobierno israelí desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

En total, la ley legaliza unas 3.900 viviendas construidas en tierras privadas palestinas, unas 800 en asentamientos no autorizados y el resto en asentamientos reconocidos. Los dueños de esas tierras tendrían derecho a una compensación de 125% del valor de la tierra, de acuerdo con la ley de Israel, o una propiedad alternativa comparable.

En medio de una ola global de críticas, el gobierno de Trump estaba conspicuamente callado sobre la ley antes del viaje a Washington del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha dicho que no va a defender la ley en la corte. Incluso Netanyahu expresó dudas sobre la medida, diciendo que pudiera enredar a Israel en un litigio internacional, aunque al final acordó apoyarla.

En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que declara los asentamientos ilegales.