Gestha atribuye la escasa recaudación de la amnistía a la prescripción del 70% del fraude aflorado

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación de la amnistía fiscal, cuantificada en 1.191 millones de euros, a la prescripción del 70% del fraude aflorado, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró hoy en 40.000 millones de euros.

De esta cantidad, indica Gestha, la administración tributaria solo puede exigir el pago de impuestos defraudados sobre 11.910 millones, mientras que el 70,2% del patrimonio restante, más de 28.000 millones, se corresponde con ejercicios fiscales prescritos, básicamente procedentes de 2007 y años anteriores. Esto explica que el Estado solo haya podido recuperar 1.200 millones de 40.000 millones, el 3% del total, añade.

Además, en opinión de Gestha, la amnistía fiscal no hace "borrón y cuenta nueva en el fraude" porque los 1.191 millones recaudados supone el 6,7% de la evasión tributaria cometida entre 2008 y 2010, los años a los que se refiere básicamente la amnistía, lo que significa que el 93,3% de la evasión no se acogió a la amnistía fiscal y permanece "impune".

De lo que sí se felicitan los técnicos es del "cambio de criterio" anunciado esta mañana en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso por Montoro, por el que los técnicos e inspectores de Hacienda tendrán acceso a la declaración de la amnistía fiscal en el curso de las investigaciones que realicen.

Gestha afirma que este nuevo criterio sustituye lo considerado por Dirección General de Tributos en una aclaración publicada el pasado 27 de junio, en la que consideraba que "no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial", salvo que a la defensa de un contribuyente interesara aportarla durante una comprobación tributaria.

Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, resulta evidente que ninguna persona puede utilizar la declaración tributaria especial si tiene iniciada con carácter previo una comprobación tributaria en vía administrativa o judicial, pero resulta "igualmente claro" que la amnistía evita el delito fiscal cometido en otros años anteriores o posteriores a los que se investigan. "Otra cuestión diferente serán las responsabilidades administrativas o penales por el supuesto origen ilícito de los fondos acogidos a la amnistía, que obviamente pueden ser perseguidos", añade.

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