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Las familias recurren el archivo de la querella por muertes en residencias

·3 min de lectura

Madrid, 22 jul (EFE).- Los familiares de varios mayores que se contagiaron o fallecieron en residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia consideran arbitraria la decisión de archivar su querella al haber indicios suficientes para seguir investigando la gestión de los directivos de los centros.

Por esa razón, la plataforma Marea de Residencias, que aúna a varios familiares de ancianos, ha recurrido la decisión del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Leganés de archivar su querella al no ver delito en la actuación de los directivos de los centros.

Los familiares impugnan el auto directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid mediante un recurso en el que afirman que los querellados "debían actuar para velar por la seguridad y salud de los ancianos" y que su inacción "se ha materializado en el trágico resultado del elevadísimo número de decesos" en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Aunque aceptan que el juzgado no es competente para investigar a altos cargos como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, consideran que la investigación debe servir de "base previa para determinar que pudiera existir responsabilidad de los mismos".

Su "inacción", dice el recurso, "es evidente que tuvo resultados trágicos en las cuatro residencias", al igual que la de sus directivos, "en tanto que máximos responsables de las mismas, tomaron decisiones que por acción u omisión tuvieron resultados fatales" en los residentes.

No adoptaron medidas, señala, "ante un peligro no ya inminente, sino existente y grave" que puso en riesgo la vida de sus familiares, produciéndose una omisión de su deber dado que "o bien no advirtieron" el riesgo o bien lo "ignoraron".

Señalan que el plan de choque impulsado por la Comunidad de Madrid el 26 de marzo de 2020, "con 1.000 fallecidos", "debió adoptarse mucho antes" y afirman que los responsables incurrieron en el delito de "prevaricación omisiva", que se convertiría en "comisiva" con "la redacción, aprobación y aplicación" de los protocolos y "la exclusión del traslado a hospitales en base a determinados 'perfiles'".

Reprochan a la magistrada que archive el caso sin investigar lo suficiente, una decisión que creen que no fue ni "motivada" ni fundada a derecho. Es más, creen que adolece de "arbitrariedad" y que es "irrazonada e irrazonable".

Para ellos, "llama la atención" que no haya llamado a declarar a los directivos de residencias contra los que se dirige la querella, y afirman que debería haber practicado más diligencias antes de decidir si cerraba el caso.

Tienen claro que no se trata, como señalaba el auto de archivo, de una "dolorosa situación por la que han atravesado once familias en relación a familiares suyos que han enfermado" o fallecido, sino a "las acciones u omisiones por parte de los querellados, constitutivas de los delitos señalado en la querella".

Sobre los protocolos para derivar pacientes al hospital, las familias recuerdan que dos de ellos contenían "versiones distintas" y que el primero excluía a personas "con determinado déficit cognitivo o con cierto grado de dependencia" en una de sus primeras versiones, la "más cruel", según el escrito.

Por ello, ven "fundamental" investigar "qué protocolo y qué versión del mismo" se aplicó a cada uno de sus familiares, y si el citado "fue conocido", "promovido o impulsado" por los cargos de la Comunidad. EFE

mms/abs

(c) Agencia EFE

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