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Falsos autónomos: Qué son y cómo luchar contra esta lacra

La existencia de falsos autónomos supone una práctica ilegal, problemática y en constante aumento dentro del mercado laboral español. Pese a que la cuestión forma parte de un intensivo plan impulsado por el Gobierno y la Seguridad Social, cada vez resulta más complicado detectar estas prácticas.

Se entiende como falso autónomo aquel trabajador que, a pesar de mantener una relación de dependencia con la empresa a la que presta sus servicios, es obligado a darse de alta en el régimen de autónomos para poder realizar su trabajo. Con esto, el empleador se ahorra los gastos sociales, al no tener que pagar la Seguridad Social y puede despedir al trabajador sin preaviso. El trabajador debe pagar su propio coste de contratación, no tiene derecho a vacaciones, seguro médico, indemnización y prestación por desempleo, y tampoco pueden acceder a otros beneficios de la empresa, al no contar con un contrato laboral. Es una figura idónea para profesionales que compaginan varios trabajos en calidad de proveedores y que buscan una libertad de acción e incluso que pueden permitirse a veces subcontratar parte de las tareas.

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Repartidor de Glovo. REUTERS/Stefano Rellandini
Repartidor de Glovo. REUTERS/Stefano Rellandini

Cuando se utiliza de forma fraudulenta, es una práctica con la que solo sale ganando la compañía, dejando al empleado totalmente desprotegido.

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El concepto no nació con la crisis, si bien es cierto que se generalizó bastante durante este periodo. El Instituto Nacional de Estadística ha detectado 143.500 nuevos falsos autónomos en el segundo trimestre de 2019, una cifra menor en comparación con los 152.700 del primero, pero mayor a la de hace un año: aproximadamente, un total de 300.000, frente a los 225.000 identificados en 2018. Si en 2012 la hostelería y el transporte se veían especialmente afectados, hoy en día numerosos sectores cuentan con falsos autónomos: la industria cárnica, las empresas multiservicios, medios de comunicación, empresas de ventas o de reparto de comida a domicilio que hacen uso de las nuevas plataformas digitales, y algunos más.

La Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), junto a plataformas como ‘Stop falsos autónomos’ señalan que solo hay tres formas de combatir este problema: que tu empresa se dé cuenta y decida cambiar tu situación ‘por arte de magia’, mediante una inspección de trabajo o mediante una demanda. Como la primera es casi imposible, además de indeseable para la mayoría de las empresas, solo quedarían las otras dos, más viables, pero no por ello libres de dificultad, debido a la lentitud de ambos procesos.

El Gobierno está reforzando la plantilla de inspectores de trabajo: con las 40 nuevas incorporaciones del 2018, se consiguió un total de 984, lo que supone la cifra más alta de la historia. Sin embargo, en España está a la cola de Europa en este aspecto, el INE estima que hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, frente a los 7.300 de media en el resto del continente.

Por otra parte, una demanda supone un proceso largo y complejo, para el cual es imprescindible aportar pruebas, tales como correos electrónicos o mensajes, conversaciones con los directivos o compañeros que puedan servir como testigos. Sin embargo, muchos autónomos bajo el supuesto no se plantean demandar, ya sea por miedo a posibles represalias o por ignorancia de su situación. ATA y UPTA recuerdan que no existen sanciones para los falsos autónomos que den la alerta sobre su situación, puesto que ellos son víctimas, y no cómplices.

Las políticas de los Gobiernos son clave para erradicar el problema. Si se mitigan los costes de contratación de las pymes o se incentivan la transformación de proveedores en personal, y además funcionara la inspección, adelantaríamos mucho.

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