Extienden medidas para combatir a las pandillas salvadoreñas

SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa acordó extender por un año una serie de medidas extraordinarias que afectan el sistema penitenciario, para combatir la alarmante delincuencia que azota a El Salvador, considerado como uno de los más violentos del mundo.

Luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció al país en marzo de 2016, y que las autoridades atribuyeron a las pandillas, el gobierno puso en marcha estas medidas, que arrancaron al decretar estado de emergencia en siete cárceles. Días después, la Asamblea dio luz verde a las autoridades para someter a los criminales a aislamientos severos y le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales.

Las autoridades sostienen que las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las prisiones donde se encuentran los principales cabecillas de las maras o pandillas.

Con los votos de 77 de los 84 diputados y uno en contra, y el apoyo de todos los partidos políticos, el congreso unicameral aprobó la prórroga hasta el 30 de abril de 2018. Las reformas penitenciarias que el gobierno implementó desde abril de 2016 son un esfuerzo por golpear y desarticular las estructuras criminales a las que las autoridades responsabilizan de la escala de violencia que azota el país.

Durante el debate, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) enumeró varias razones contra la extensión de las medidas extraordinarias, pero al final la mayoría de sus diputados votaron para extenderla. Sólo el diputado Johnny Wright votó en contra y manifestó: "es inaudito que basándose en medidas extraordinarias se estén violando los derechos humanos".

Antes de llamar a la votación, el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, de la conservadora Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), se dirigió a sus colegas y dijo: "No puede haber media tintas, este es el momento de definir si estamos en contra o a favor de las pandillas".

Gallegos afirmó que "las medidas tienen como objetivo reducir a la mínima expresión a los terroristas".

Entretanto, en un pronunciamiento público, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, expresó su apoyo a las llamadas medidas extraordinarias porque al hacer un análisis "se ha concluido que las mismas han contribuido a disminuir, en términos comparativos, la práctica de homicidios que tanto terror y dolor han causado a la población salvadoreña".

El Salvador cerró 2016 con un registro de 5.278 personas asesinadas, un promedio de 14,4 muertes violetas por día, lo que implica una reducción de 1.378 homicidios en comparación con 2015, cuando confirmaron 6.665 homicidios, la mayoría perpetrados por las maras o pandillas que también están involucradas en el narcotráfico y otros delitos como la extorsión.

Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tiene presencia en barrios y comunidades populares están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. Están involucradas en narcotráfico y crimen organizado, pero además extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.