Los estibadores mantienen los paros tras la ruptura de negociaciones con Fomento

Madrid, 14 feb (EFE).- Los estibadores mantienen los paros parciales para los días 20, 22 y 24 de febrero después de romperse la negociaciones con el Ministerio de Fomento y la patronal sobre una reforma del sector, que se aprobará el próximo viernes.

Los sindicatos amenazan con más huelgas si se aprueba esta semana el real decreto ley sobre la reforma de la estiba en cumplimiento de una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014.

Según los sindicatos, la intransigencia de Fomento, que mantiene que la única solución para dar respuesta a la sentencia europea es su real decreto ley, que cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Europea (CE), "impide una solución pactada" en el conflicto.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado que el Gobierno está atado "de pies y manos" en este conflicto, donde "nuestro marco es el de la UE" y "en el límite de lo que nos permite estamos flexibilizando al máximo las posturas a favor de los trabajadores".

Para la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de los estibadores, el planteamiento del Gobierno es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia y consideran que se trata de un expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionado con fondos públicos.

El coordinador general de CETM, Antolín Goya, señaló tras la reunión con Fomento que las propuestas sindicales presentadas hoy, en las que estaban dispuestos a desistir de crear un registro -principal escollo de la negociación-, se han encontrado con la cerrazón del ministerio.

Sin embargo, el secretario de Estado de Infraestructura, Julio Gómez-Pomar, lamentó que el documento de los sindicatos insiste en lo que han venido planteando los últimos dos años.

"Nos encontramos con la sorpresa de que el documento presentado insiste nuevamente, una y otra vez, en el establecimiento de un registro", algo que ya se planteó a la CE y fue rechazado.

Para Gómez-Pomar, la creación de un registro, el mantenimiento de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (sagep) y las limitaciones a la libre contratación son líneas rojas para el organismo europeo.

En el decreto se han introducido mejoras que permiten la mayor flexibilización posible en la garantía del empleo, destacó Gómez-Pomar, para añadir que la patronal Anesco se opone a la mayor parte de ellas.

Sin embargo, empresas como Boluda Corporación Marítima criticaron que el Gobierno no haya negociado antes con el sector y ahora se dedique a "asustar", y han apostado para España por el modelo de los estibadores franceses, de liberalización progresiva.

Según el número dos de Fomento, con la aprobación del decreto se abre una nueva etapa de negociación colectiva que da un "amplísimo" margen a sindicatos y donde se pueden plantear las principales cuestiones como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, materias propias de los convenios colectivos.

El Gobierno está dispuesto a apoyar la negociación colectiva y el Ministerio de Empleo se ha ofrecido a cumplir con la labor de mediación, anunció.

UGT lamenta que Fomento no haya tenido en cuenta ninguna de las alternativa planteadas por los sindicatos a los puntos más sensibles del borrador del decreto y tacha de "contradictoria" la postura del ministerio porque, "a pesar de su pretendida invitación al diálogo, no ha hecho más que cerrarse en banda".

El sindicato teme que esa estrategia ministerial, que tildó de "sorprendente" e "incomprensible", obedezca a un único propósito: desregular completamente el sector para favorecer el desembarco de ETT (empresas de trabajo temporal) y de empresas multiservicio, cuyas consecuencias serán más precariedad y peores salarios.

Gómez-Pomar recordó que, una vez convalidado por el Congreso, se trasladará al colegio de comisarios la petición de desistimiento de una sanción diaria de más de 134.000 euros que se sumaría a los 21,5 millones ya acumulados desde la sentencia de 2014, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para respaldar la reforma.

El PSOE considera que el Gobierno actúa "de la peor manera posible" en el conflicto y "lo está haciendo todo al revés", ya que debería de haber llegado a un acuerdo y entonces "plantear una solución".

Ante la huelga convocada, la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles (PIPE) recordó que el valor de la mercancía que se mueve en los puertos españoles es de 200.000 millones de euros (20 % del PIB) y tenerlos parados cuesta al país 50 millones de euros diarios.

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