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Empresarios piden "predictibilidad" y respetar el principio de autoridad en Perú

En la imagen, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 13 ago (EFE).- Representantes de gremios empresariales y comerciales de Perú pidieron este martes al Gobierno de su país "predictibilidad" en sus decisiones y que se respete el cumplimiento de las leyes en "el marco constitucional".

"El Estado tiene que defender sus actos administrativos, lo que no puede suceder es que el Estado ataque al Estado. Necesitamos predictibilidad y respeto al principio de autoridad", afirmó la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León.

La representante de la patronal convocó, junto a otros líderes empresariales y comerciales, a una rueda de prensa para expresar su posición sobre el impacto económico de la coyuntura política en el país y el retiro de la licencia al proyecto minero Tía María, en la región sureña de Arequipa.

León manifestó la preocupación de su gremio por la decisión del Gobierno sobre Tía María, de Southern Perú, filial del Grupo México, y llamó a "a reflexionar y hacer las cosas correctas".

La presidenta de la Confiep aseguró que los empresarios no presionaron al Gobierno para que se otorgara la licencia de construcción a la mina, pero sí invocan a "que se cumpla el principio de legalidad".

León dijo que la autorización se dio "después de cumplir todos los pasos de la ley" y que el actual escenario "crea confusión" porque las decisiones gubernamentales no "pueden desarmarse sin mayor análisis técnico, como corresponde".

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Manuel Fumagalli, indicó, por su parte que "en un estado de derecho la ley es igual para todos", por lo que rechazó que sea necesaria una "licencia social" para desarrollar los proyectos.

"La aceptación social, el informar adecuadamente y poner a todos al tanto de la información de un proyecto es una cosa, pero las autorizaciones, las licencias las da el Estado", remarcó.

Fumagalli dijo que "si el Estado comienza a claudicar en sus roles y responsabilidades" se pondrá en "riesgo no solo al sector minero, sino a todos los otros sectores" económicos del país.

Además de León y Fumagalli, en la rueda de prensa participaron los presidentes de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa de Perú, Julio Pardavé, y de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Márquez.

Tras haber otorgado la licencia a Tía María a inicios de julio pasado, el Gobierno anunció el 9 de agosto la suspensión de esa autorización mientras se resuelven los recursos legales presentados por las autoridades de Arequipa, que se oponen a la mina.

La decisión se anunció 25 días después de que la población del Valle de Tambo iniciara una paralización indefinida en rechazo al proyecto, a la que se sumaron luego organismos de toda Arequipa.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra recordó este martes que la posición del Valle del Tambo "no es un problema social de ahora", ya que en 2011 "no se resolvió, se mantuvo latente a costa de la pérdida de tres vidas humanas".

Vizcarra añadió que "cualquier esfuerzo de búsqueda de solución es en cumplimiento estricto de la ley" y que los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y de Economía, Carlos Oliva, irán el miércoles al Congreso para explicar "con lujo de detalles" los motivos de este procedimiento.

El proyecto Tía María, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.

Southern Perú afirma que usará agua de mar desalinizada y construirá un ferrocarril y una vía de acceso "a distancia prudente" del valle para el transporte de sus suministros y producción.

Sin embargo, las autoridades regionales y los agricultores consideran que la mina dañará el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, por lo que solicitaron la anulación de la licencia de operación a Vizcarra, quien ha señalado que las obras no comenzarán mientras no cuenten con el respaldo de la población.