Mercados españoles cerrados en 3 hrs 26 min

El turbio negocio de los libros de texto en España

Todos los septiembres han sido iguales cuando ha llegado un nuevo curso escolar. No hay niño que no haya sentido esa mezcla de ilusión por volver a comenzar un nuevo curso y ver a los compañeros de clase, y de pena por dejar de disfrutar del ocio ‘non stop’ veraniego. Pero hay algo que no han sentido tanto los niños como sí los padres: todos los años los españoles han vivido la misma lucha con cada curso nuevo por conseguir todos los libros de texto para el estudio. Libros que no eran precisamente baratos y que en muchas familias inclinaba la famosa cuesta de septiembre.

Ahora descubrimos que, desde hace unos años, 33 editoriales podían estar compinchadas y actuando turbiamente. Tanto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 34 millones de euros a las empresas editoriales de libros de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que las agrupa, por haber pactado políticas comerciales y haber presionado a algunas editoriales a acogerse al Código de Conducta que se redactó en su día.

Classroom of a rural school Two girls study and converse in the classroom of a rural school (Photo by JMN/Cover/Getty Images)

Pero, si pretendían seguir un código de conducta ético, ¿cómo es posible que sea delito? Según la CNMC, las editoriales utilizaban ese Código de Conducta para introducir ‘reglas éticas’ para asegurar cierta autorregulación. Pero en realidad “sobrepasaron de manera nítida” los límites de dicha autorregulación y lo convirtieron en un pacto de no agresión. “Les ha servido para coaccionar y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta estrategia anticompetitiva. Con ese modo de actuar han tratado de condicionar la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de negociación”. Parece que al final no dejaba de ser un mero maquillaje que ocultaba un pacto sobre políticas comerciales que conllevaba inevitablemente la reducción de la competencia.

Las editoriales trataban de condicionar a los centros educativos o se enviaron cartas a terceras editoriales no participantes en estos delitos en la que se aseguraba que sus políticas de promoción de sus materiales de enseñanza resultaban ilegales. Por si todo esto fuera poco, la Comisión asegura que “ha habido una coordinación para fijar el precio de los libros digitales en los momentos iniciales de su desarrollo e implantación, lo que habría contribuido a retrasar artificialmente su capacidad para sustituir al libro de texto en formato papel, limitando con ello la innovación y el progreso técnico”.

Competencia considera acreditado que las empresas, con la ayuda de su Asociación, intercambiaron correos electrónicos para debatir y acordar los precios. Además, regalaban libros de texto a los hijos de los profesores y repartían pizarras electrónicas y ordenadores portátiles. Incluso en uno de los correos intervenidos, se habla de apoyar a las congregaciones religiosas para intentar aumentar las ventas en los colegios concertados. Inevitablemente todas las acciones expuestas dan la sensación de ser tácticas mafiosas.

ANELE ha emitido un comunicado de prensa en el que asegura que habrá un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, puesto que creen que su actuación ha sido la correcta a la hora de evitar “situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto, que perjudican a las familias y aumentan el precio del material escolar”. Defiende su actuación, así como la de sus asociados y la redacción del propio código junto al de las políticas comerciales en relación al material escolar digital. Eso sí, en su comunicado no se pronuncia por ejemplo sobre los regalos. Veremos en qué queda el asunto, pero a priori parece que las editoriales no han jugado limpio.

Laotracaradelamoneda

IDNet Noticias