El Defensor del Pueblo realizará un informe sobre las VPP vacías que podrían destinarse a alquiler social

Pide ampliar el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo está realizando un informe sobre las viviendas de protección pública (VPP) que se encuentran vacías y que podrían destinarse a alquileres sociales para acoger a víctimas de desahucios, según ha indicado la titular de la institución, Soledad Becerril, en el Pleno del Congreso.

Durante la presentación del informe de 2011, Becerril ha explicado que ha solicitado a las distintas administraciones públicas datos sobre las viviendas públicas vacías, cuya información actual es "dispar" y poco certera. Un vez se conozcan con exactitud estas cifras, se podrá hacer recomendaciones acerca de cuáles se podrían destinar a alquileres sociales o con qué condiciones.

"Cuando tengamos esos datos los traeremos a esta Cámara porque se podrá estudiar, mediante convenios y otras fórmulas, cómo poner parte de esas viviendas públicas vacías a disposición de las familias hoy sin techo", dijo.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Becerril también ha aprovechado su intervención parlamentaria para recordar que la presentación de diversas recomendaciones para luchar contra los desahucios, algunas de las cuales han sido incorporadas al decreto ley Antidesahucios sometido a debate este mismo jueves y que la Defensor del Pueblo valora "positivamente". "Es un paso en la buena dirección, aunque hay que seguir avanzando", ha dicho Becerril.

No obstante, aún considera necesario que el decreto de creación del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias debería tener "un ámbito de aplicación más amplio", además de que hace falta "elaborar un concepto jurídico del 'deudor de buena fe' o regular un procedimiento de insolvencia de las personas físicas en la que se establezcan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible", entre otras cosas.

La Defensora también propone establecer actos de conciliación entre las partes, previos al desahucio y en los cuales el juez "tenga la facultad de imponer un acuerdo razonable", así como aceptar la dación en pago en determinadas circunstancias.

También propugna que se limiten los intereses de demora y los gastos de ejecución, que "pueden alcanzar un 30 o 40% en pocos meses" lo que deja a las familias "aterradas y hundidas, no por el capital que se debe, sino por lo acumulado". "Son cuestiones clave", ha insistido Becerril.

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