El Consejo de Consumidores reclama moratoria de 3 años, paralizar ejecuciones desde el inicio y dación en pago

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sauquillo, ha reclamado este miércoles al Congreso que en la Ley Antidesahucios actualmente en tramitación se amplíe la moratoria hipotecaria a tres años, se paralicen las ejecuciones desde el inicio del procedimiento (y no sólo cuando se va a producir el lanzamiento) y se regule la dación en pago en última instancia para casos de extrema gravedad.

Durante su comparecencia ante al Comisión de Economía del Congreso, Sauquillo ha planteado todo un elenco de modificaciones normativas que, desde el punto de vista de los consumidores, son necesarias para solucionar un problema social de mucha gravedad y para "extender las ayudas (que reciben los bancos) a los particulares y repartir las cargas de la crisis".

Así, el CCU reclama una moratoria hipotecaria "amplia" de al menos tres años para los "consumidores con graves dificultades económicas" con el objetivo de poder "analizar el profundidad" toda la situación. Eso implicaría paralizar los procesos de ejecución "desde el comienzo" y la acumulación de intereses de demora.

El Consejo también reclama que el Código de Buenas Prácticas sea obligatorio para todas las entidades financieras. "El Código fue positivo aunque insuficiente. El resultado hoy es que no se ha puesto en práctica. Pero es una medida, siempre y cuando sea obligatorio para la banca. Si no, es un papel más", ha dicho la presidenta.

Sauquillo defiende además que se establezcan "planes de rehabilitación y reestructuración de la deuda", introduciendo incluso el arbitraje, la mediación u otros procedimientos extrajudiciales cuando se trate de embargos judiciales hipotecarios y crediticios que afecten a la vivienda habitual.

"Que desde Consumo o las asociaciones sociales se negocie con las entidades financieras", ha sugerido, reclamando también una regulación sobre "las situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento por la concesión de créditos" e incluso aceptando la dación en pago "como medida inmediata" para los casos extremos y como "último recurso".

LEY CONCURSAL

El Consejo también pide cambios en la Ley Concursal, que está "obsoleta" y fue pensada "exclusivamente" para el tráfico mercantil, por lo que "no paraliza las ejecuciones" y conlleva unos "costes desproporcionados e incoherentes con las situaciones de quiebra familiar".

Dado que reformar esta normativa sería "más complicado" y conllevaría más tiempo, propone una Ley de Quiebra Familiar para Hogares Sobreendeudados que permita a las familias "hacer su propio concurso" o que los tribunales declaren cancelada la totalidad de la deuda tras valorar la buena fe de los deudores o la situación en que se contrajeron los créditos". Sistemas de este tipo ya existen en muchos países europeos y también en Estados Unidos.

En relación con este tema, se proponen "unidades de asesoramiento y apoyo frente al sobreendeudamiento" a través de las autoridades y las asociaciones de consumidores y usuarios, para "evitar el negocio usurero de muchas entidades de reunificación de deudas aún no reguladas". Y también se recomienda estudiar cómo quienes ya "han perdido todo" podrían recuperar parte de su patrimonio.

Por otra parte, el Consejo de Usuarios ve necesario derogar el artículo 693, párrafo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual "el acreedor puede pedir que se despache la ejecución de la totalidad de la deuda" con tan solo un plazo impagado.

La alternativa sería introducir en dicha normativa criterios de ponderación para que el juez pueda tener en cuenta la cuantía adeudada con respecto ala totalidad del préstamo, los plazos u otras circunstancias del deudor que, de esta manera, podría "acudir al procedimiento judicial para la remisión total o parcial" y contar así con una "segunda oportunidad".

TASACIONES Y NUEVAS CONCESIONES

Sauquillo, que fue eurodiputada del PSOE, ha hecho referencia también a otros cambios en relación con las tasaciones, las ejecuciones hipotecarias y las nuevas concesiones de crédito.

En este sentido, ha reclamado que se reconozca el "derecho de desestimiento de los créditos", que se controle con mayor ahínco la información y la publicidad de las entidades financieras sobre estos productos, que "en muchas ocasiones no es ni clara ni transparente"; que se exima a estas personas del pago de tasas judiciales, y que se evite que el procedimiento de ejecución pueda realizarse sin la presencia del deudor o, en su defecto, al menos del Ministerio Fiscal como representante del "interés social y colectivo".

Asimismo, habría que modificar las normas reguladoras de las subastas "para que no se malbaraten las viviendas en la tasación", que debería ser "independiente" de las entidades financieras y realizarse en base a "criterios científicos". "En caso de ejecución debería tomarse como referencia el valor del mercado de la vivienda y no el de la tasación en la concesión del crédito. Y el porcentaje de adjudicación tendría que fijarse en función del valor real" y no del 60% como consta actualmente en la legislación.

Sauquillo ha pedido asimismo que las nuevas hipotecas que se contraten no puedan superar el 80% del valor de tasación de la vivienda y que se "refuerce el control sobre los créditos rápidos, "prolijos en cláusulas abusivas, con intereses por encima de la media del mercado y con mayor riesgo de crear endeudamiento" y que concedían las propias entidades para pagar las hipotecas.

"La hipoteca es un contrato entre dos partes y ambas se tienen que corresponsabilizar", ha recordado, instando al Congreso a estudiar las posibilidades de que se declaren nulos los contratos que incluyan este tipo de previsiones abusivas. Además, la organización de consumidores ha planteado que todas las medidas se apliquen tanto al deudor como a los avalistas.

PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

Finalmente, para dar una solución a las familias que ya se han quedado en la calle, la presidenta del Consejo de Usuarios ha pedido la creación de un "parque de viviendas en alquiler para personas desahuciadas" con precios "asumibles" y "acordes a la situación familiar de endeudamiento sobrevenido".

"La vivienda no es un lujo ni un bien de inversión, es el reducto más íntimo en que se desarrolla la persona. Despojar de la vivienda por un procedimiento sumario, sin atención a las circunstancias de cada uno es robar su dignidad y traicionar valores básicos. Queremos que haya tranquilidad y paz social, pero si no tomamos medidas será difícil. Nos hayamos ante una situación especialmente crítica que compromete seriamente la paz social, lo que exige respuestas políticas de envergadura, ajenas a los intereses partidistas", ha subrayado.

Sobre los responsables de la situación, Sauquillo ha señalado principalmente a las entidades financieras, que concedieron créditos "generalizados" en un panorama de "confianza excesiva" unida a "mala praxis con cláusulas abusivas, plazos elevados y bajos tipos de interés" y "sin valorar las posibilidades reales del deudor". "Hubo una comercialización irresponsable unida a la desinformación y falta de educación financiera", ha añadido.

Además, Sauquillo cree que la Ley Hipotecaria "se hizo en un momento que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora" y ha avisado de que "si no se soluciona el problema la sociedad no se va a quedar tranquila" y está en juego la paz social. "Además de la exclusión social, hay que tener en cuenta la vergüenza de esas personas. Es un problema muy difícil pero hay que darle solución hoy; si no, quizás mañana sea tarde", ha añadido.

Por último, ha asegurado que sus propuestas "no ponen en peligro a la banca" ni provocarían su "hundimiento". "No sacarán los beneficios que erróneamente han sacado, pero ése no es el problema. Y tampoco creo que por estas modificaciones nadie vaya a dejar de pagar la hipoteca, no pensemos mal. La gente no quiere tener deudas", ha zanjado.

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