Yahoo Finanzas Cae la morosidad a proveedores, aunque sigue lejos del plazo legal
MADRID (Reuters) - El plazo medio de pago a proveedores se redujo en los sectores público y privado en 2015, aunque siguió todavía muy alejado de los plazos marcados por la ley, mostró el miércoles un nuevo informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
"Planteamos tolerancia cero a la morosidad", dijo el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en una rueda de prensa para explicar el informe. "Con rigor y seriedad, vamos a exigir el cumplimiento del marco legislativo", añadió.
En plena crisis económica, el Gobierno español realizó desde 2012 varios planes anuales para regularizar el pago a los proveedores de las administraciones públicas y evitar una demora de meses e incluso años en, por ejemplo, el reembolso de medicamentos a farmacias o a laboratorios farmacéuticos.
La ley española marcó como objetivo un plazo de pago de 30 días para las administraciones públicas y de 60 días para los contratos privados.
El estudio publicado el miércoles, que obtuvo más de 700 respuestas de las empresas encuestadas entre febrero y marzo, mostró que los plazos medios de pago se redujeron hasta 75 desde 82 días en el sector público y a 85 desde 89 días en el privado.
Cañete dijo que la morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis y que casi la totalidad de los encuestados (95 por ciento) estaba a favor de un régimen sancionador.
El 94 por ciento de los proveedores no exigió la indemnización legal por los costes de recobro en caso de impagos, según el estudio.
PENDIENTES DE BRUSELAS
La ley aprobada en 2012 dictó que los proveedores de las administraciones públicas cobrarían su deuda a cambio de sacrificar los intereses de demora, pero la Comisión Europea está tramitando un procedimiento de infracción contra España que podría eliminar esta condición.
La PMcM, que dijo que esperaba que Bruselas pudiera decidir pronto sobre el asunto, cifró los intereses de demora que deberían abonar las administraciones públicas en unos 3.000 millones de euros, pero el tiempo corre en contra de los proveedores.
"Si Bruselas dicta la sentencia, los afectados tendrían muy poco tiempo para reaccionar al prescribir la deuda este mayo para los que cobraron en la primera fase del plan de pago a proveedores. Si no saliera adelante, por no haber hecho reclamación, estos proveedores tendrían que dar ya por perdido su derecho a cobrar", dijo Cañete.
