De Cabo volverá a Soto del Real tras declarar ante el juez por vaciado patrimonial de tres hoteles en Galicia

La instrucción se centrará ahora en el análisis de la documentación incautada para reconstruir los movimientos de la trama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

Ángel de Cabo será conducido a la prisión madrileña de Soto del Real, después de que este lunes haya prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número dos de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, en relación a la Operación Caballo de Troya, que investiga el vaciado patrimonial de los tres hoteles ubicados en Santiago, Lugo y Ourense que este empresario valenciano compró a José Martínez Núñez.

La declaración de Ángel de Cabo, quien la semana pasada había sido trasladado a la prisión de Teixeiro para facilitar su comparecencia ante el juez instructor, se prolongó desde las 10.30 hasta las 14.00 horas, pero según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, no aportó grandes novedades que sirvan para esclarecer los hechos, ya que se limitó a dar una versión "poco creíble" de los hechos.

De esta forma, sobre Ángel de Cabo persisten las imputaciones de falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal en relación a la compra, por sólo unos euros, de los tres hoteles adquiridos al empresario de origen gallego asentado en León, una maniobra con la que supuestamente trataría de evitar hacer frente a las deudas y acreedores.

El juez instructor ha entendido que no son precisas nuevas medidas cautelares contra Ángel de Cabo, al encontrarse en prisión desde el pasado mes de diciembre por su relación con la Operación Crucero, en la que también fue detenido el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

DECLARACIÓN

Así, el empresario Ángel de Cabo prestó declaración durante más de tres horas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago, a donde llegó en torno a las 10.20 horas dentro de un furgón de la Guardia Civil, que lo introdujo en el edificio, con la cara descubierta y sin esposar, por los garajes de la sede judicial.

Una hora antes de la llegada del empresario entraban en los juzgados tanto el juez José Antonio Vázquez Taín como el abogado del empresraio valenciado, Joaquín Ivancos. La declaración se prolongó hasta pasadas las 14.00 horas y, en torno a las 15.00 horas, el juez Vázquez Taín abandonaba el edificio, aunque Ángel de Cabo permaneció todavía un tiempo en los calabozos bajo custodia de la Guardia Civil hasta ser trasladado de nuevo a Soto del Real.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN

Según las fuentes consultadas, la instrucción se centrará ahora en el análisis de la abundante documentación incautada en la Operación Caballo de Troya para reconstruir cómo operaba la trama para proceder al vaciado patrimonial de empresas. No obstante, se calcula que esta labor llevará varios meses y que hasta verano puede que no esté concluida.

De este análisis de los movimientos de la trama y de la documentación incautada, las fuentes judiciales consultadas son conscientes de que surgirán líneas que deberán ser derivadas a otros juzgados que mantienen otras investigaciones abiertas.

Por su parte, los dos hijos de Martínez Núñez detenidos también en la Operación Caballo de Troya tienen de plazo hasta el próximo viernes para depositar la fianza de un millón de euros que el juez les impuso a cada uno para eludir la prisión.

De esta forma, tanto M.I.M.P., que fue arrestada en Ponferrada, como su hermano J.L.M.P., detenido en Madrid, se encuentran en la misma situación procesal, pendientes de abonar la fianza de un millón de euros e imputados por delito fiscal, falsedad documental e insolvencia punible a raíz de la venta supuestamente fraudulenta de los tres hoteles situados en Santiago, Lugo y Ourense.

En total, en la Operación Caballo de Troya fueron detenidas 15 personas: una en la localidad de Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia. Entre los arrestados también figuró un hijo del expresidente de la patronal José María Cuevas, pero quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, aunque imputado por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.

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