Los Areces estudian pedir amparo al Constitucional para dirimir el conflicto sobre el valor de El Corte Inglés

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los hermanos Areces Fuentes estudian, entre otras opciones, pedir amparo al Constitucional para dirimir el conflicto sobre el valor de El Corte Inglés, según ha informado a Europa Press su abogado Andrés Jiménez de Parga. El letrado calificó de "decepcionante" la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado los recursos extraordinarios y de casación interpuestos por las dos partes enfrentadas sobre la valoración de las acciones del gigante de la distribución.

"Entendemos que es una sentencia decepcionante porque deja imprejuzgado el caso", señaló el abogado en declaraciones a Europa Press. Jiménez de Parga criticó que la decisión adoptada por el Supremo "no aporte una solución o un remedio cuando estaba en su mano hacerlo" a la situación en la que se encuentran sus clientes, ya que el Alto Tribunal elude pronunciarse sobre la fijación definitiva del valor razonable de las acciones del grupo.

La sentencia señala que "la decisión del Sr. Cañibano, auditor de El Corte Ingles, no ha sido razonable y, por tanto, ha de considerarse arbitraria, porque este auditor no se ha ajustado a las reglas que debió seguir para fijar el valor razonable de las acciones y el precio a pagar por El Corte Ingles".

A juicio de Jiménez de Parga , "resulta ilógico el argumento del Tribunal consistente en que no puede aceptar como razonable el valor fijado por los expertos Pablo Fernández y José Manuel Campa, pues las conclusiones alcanzadas por estos profesores del IESE son las que sí tienen en cuenta los magistrados para tachar de arbitrario el valor determinado por Cañibano".

El abogado de los hermanos Areces asegura que están "estudiando" la viabilidad de iniciar determinadas medidas legales, como "presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues queda claro que esta sentencia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el articulo 24 de nuestra constitución".

Añadió, que "no hay todavía una decisión tomada sobre la vía que se va a seguir, pues se analizan otras posibilidades para intentar que el caso se dirima lo antes posible, porque llevamos siete años hablando de este tema".

Jiménez de Parga concluyó que "esta sentencia, con la falta de decisión que tiene a pesar de considerar lógica nuestra valoración, perpetúa la situación de nuestros clientes, que son prisioneros de sus acciones". En su opinión, "esta indefinición puede llegar a generar además una cierta inseguridad jurídica que podría condicionar la decisión de invertir en España a empresas extranjeras".

Cabe recordar que la sentencia contempla la posibilidad de impugnar ante los tribunales la decisión del Supremo y también de sustituir el valor fijado por el auditor conforme a los Principios de Derecho Europeo de los contratos.

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