(Ampl.) Industria propone cargar a la tarifa de gas 157 millones por el laudo entre Sonatrach y Gas Natural

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La medida encarecería la factura doméstica de gas en un 1% y recibe críticas de la CNE y de su presidente

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado una propuesta de real decreto en la que se incluye una disposición adicional que incorpora un nuevo recargo en los peajes de la tarifa de gas con el objetivo de financiar parte del coste del laudo arbitral de la Corte Internacional de París acerca del litigio entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach sobre los precios del gas argelino.

La propuesta implica cargar sobre los peajes de la tarifa de gas de los consumidores domésticos un sobrecoste de 157 millones de euros, frente a los 341 millones solicitados por Gas Natural Fenosa, y supondría un encarecimiento del 2% en la parte regulada del recibo. Al tener un peso del 50% en la tarifa final, la subida sería del 1%.

Tras el laudo arbitral con Sonatrach, Gas Natural Fenosa cerró en junio de 2011 un acuerdo con la compañía argelina acerca de la revisión de los precios del gas por el que el grupo español debería afrontar el pago de 1.897 millones de dólares (unos 1.310 millones de euros). Además, Sonatrach tomó una participación del 3,8% en Gas Natural (AMEX: EGAS - noticias) y se comprometió a desarrollar proyectos estratégicos.

En el proyecto de real decreto, remitido por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se revisa la retribución entre 2005 y 2008 del gas natural vendido a los transportistas para su venta a tarifa y se incluye el nuevo recargo, cuyo importe de 157 millones se repercutirá en los consumidores entre 2012 y 2016.

La revisión de la retribución propuesta por Industria toma como argumento jurídico el real decreto ley 6/2000, en el que se indica que el gas procedente del contrato Sagane I, que es el que afecta a Sonatrach y Gas Natural Fenosa, se debe aplicar de forma prefrente al suministro a tarifa. El contrato se asigna por ley con el objeto de atender preferentemente el suministro a tarifa.

Además, existe un precedente en la orden ministerial 3311/2005 que permite repercutir a posteriori el extracoste del aprovisionamiento de gas en 2005 en el valor del coste de materia prima de los años siguientes.

En su informe de respuesta a la propuesta de real decreto, el regulador energético detalla que no le corresponde emitir un juicio sobre la procedencia de la reclamación de Gas Natural Fenosa, sino pronunciarse acerca del proyecto de norma reglamentaria.

CRÍTICAS DE LA CNE.

Como parte de sus consideraciones, el regulador indica que el hecho de que el real decreto ley 6/2000 impusiera la aplicación preferente del contrato de Argelia a las compras de Enagás, suscriptora en ese momento del contrato, con destino a la tarifa de gas no comporta per se la asunción como costes regulados de todos los costes reales de dicho contrato.

Además, recuerda que a partir del 1 de julio de 2008 se produce la desaparición del suministro a tarifa regulada por parte de los distribuidores de gas natural, régimen que es sustituido por el sistema actual de suministro de último recurso.

Junto a esto, se puso fin al sistema de aprovisionamiento y suministro a tarifa en todos sus términos desde el 1 de julio de 2008, y se lanzó una nueva regulación en la que desaparece la obligación de los transportistas de realizar el aprovisionamiento del mercado a tarifa, así como la obligación de aplicar el contrato Sagane I al suministro a tarifa.

VOTO PARTICULAR DE LAFUENTE.

Por este motivo, la CNE considera que "no existen razones que justifiquen el establecimiento de una compensación al comercializador de último recurso del grupo Gas Natural Fenosa por el incremento de sus costes de aprovisionamiento como consecuencia del laudo a partir de este periodo".

El presidente de la CNE, Alberto Lafuente, ha emitido además un voto particular en el que discrepa del informe emitido por el regulador por varios aspectos, entre ellos por los informes técnicos en los que se considera adecuado que sea el propio organismo el que elabore la metodología para cargar cualquier coste a la tarifa relacionado con este asunto.

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