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Cómo afectan las medidas contra el coronavirus a autónomos y pymes

La crisis del coronavirus COVID-19 está resultando muy alarmante en diversos ámbitos. Claro está que afecta principalmente al sector sanitario, pero lleva consigo consecuencias económicas con gran transcendencia.

Los principales afectados en este colapso económico son los autónomos y las PYMES, que sufren falta de financiación y de clientes para afrontar pagos de impuestos y salarios por el Estado de Alarma.

Para aliviar el golpe económico que puede suponer esta situación en el sector empresarial de menor tamaño, que representa un número mayoritario en el conjunto de las empresas españolas y el sector más expuesto al impacto económico de la pandemia, el Gobierno acaba de aprobar unas medidas millonarias dedicadas a dos grandes líneas de actuación.

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El cierre de comercios por el coronavirus afectará a muchas empresas y autónomos en toda España. (Photo by Juan Carlos Lucas/NurPhoto via Getty Images)

En primer lugar se destinará un paquete económico que ronda los 100.000 millones de euros, y se irán modificando según avance el virus. Los préstamos y avales públicos serán regulados a través del ICO y recaerán sobre el pago del Fondo Europeo de Inversión (que prevé aportar otros 8.000 millones de euros) y el Banco Europeo de Inversión (BEI).

Dentro de estas inyecciones también se concederá 14.000 millones de euros destinados al aplazamiento del pago de impuestos de hasta 30.000 euros por seis meses para estos autónomos y pymes, con una solicitud previa a Hacienda. Este aplazamiento recaerá sobre pagos en conceptos como IVA, IRP o Sociedades, siempre y cuando el deudor sea una persona o entidad con un volumen de operaciones no superior a los 6 millones de euros. Una solución temporal que ayuda a las empresas endebles a corto plazo, pero el batacazo llegará igual.

El decreto ley aprobado este martes por el Gobierno establece una nueva prestación extraordinaria destinada al cese de actividad, para aquellos autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación sea, al menos, un 75% inferior al anterior ejercicio.

Estas medidas no han sido bien recibidas por los autónomos, que las critican por insuficiente y se exige al Gobierno una rectificación para que se suspendan las cuotas no sólo por el cese de actividad, sino mientras el estado de alarma esté vigente, en todos los casos y al menos durante dos meses. 

Controlar los despidos

La otra parte del plan que prevé el Gobierno se centra en cambiar las fórmulas de despido para evitar la masificación de estos como consecuencia de la desestabilización económica. La idea es flexibilizar los ERTES, que consiste en la suspensión de uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Esto sirve para prescindir de sus empleados durante un periodo,  pero éstos seguirán vinculados a la empresa, que  queda exenta de pagarlos.

Esta situación excepcional justifica la suspensión del contrato a la plantilla o parte de ella, la reducción forzosa de la jornada de trabajo y que sea el Estado el que corra con los pagos por desempleo.

Toda esta batería de medidas económicas favorece, provisionalmente y teóricamente, a estas empresas que se encuentran pendiendo de un hilo. Pero ¿este estado es beneficioso para los empleados? Está bien poder reincorporarse a la empresa,  pero a cambio o no tienen derecho a cobrar indemnizaciones.

Para hacer frente a esta situación desfavorable para la plantilla de muchas empresas, se plantea la posibilidad de reconocer el derecho a prestación por desempleo sin necesidad de cumplir el periodo de cotización, es decir, los trabajadores despedidos más vulnerables obtendrán el paro durante el tiempo que no ofrecen sus servicios. Cualquier medida es bien recibida, pero ¿es suficiente cobrar el paro ante una emergencia sanitaria que no está en manos de nadie?

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