Yahoo Finanzas Los accionistas minoritarios plantarán batalla contra el Gobierno por la “expropiación” a las eléctricas
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) a la vista del Real Decreto-Ley aprobado el día 14 de septiembre por el Consejo de Ministros, así como en base a las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en TVE afirmó ayer que “hará todo lo que esté en su mano, y permita la legislación vigente, española y europea, para evitar que se consumen estas medidas, por considerarlas arbitrarias, discriminatorias, injustas, precipitadas e insostenibles a medio y largo plazo”.
El Gobierno de España limitará los precios del gas, reducirá los impuestos y redirigirá las ganancias de las compañías de energía como parte de un paquete para bajar los crecientes precios de la electricidad, dijo el lunes el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este lunes en una entrevista en TVE que es inaceptable que las empresas energéticas se estén beneficiando de los elevados precios de la electricidad y destacó que las ganancias redirigidas de las compañías de servicios públicos se utilizarían para limitar los precios del gas y reducir los costos de energía para los consumidores. "Vamos a detraer los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas para topar el recibo del gas y así reducir también el recibo de la luz", defendió.
El Gobierno limitará el alza de la tarifa regulada del gas (TUR, Tarifa de Último Recurso) durante los dos próximos trimestres, aunque esto supondrá que se cree un mayor déficit en la tarifa del gas. El plan del Ejecutivo es que pasados los dos trimestres se recuperen los precios de forma gradual. La tarifa TUR es la tarifa regulada del gas natural. El gobierno regula el precio de la TUR de gas mediante subastas y establece el coste de la energía. Se establecen revisiones trimestrales, en las que el precio puede experimentar cambios a la alza, a la baja o mantenerse estable. Se espera que el precio del gas en los mercados se eleva este invierno, como ya anunció el presidente de Enagás, Antonio Llardén.
Otra de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno pasa por la reducción del Impuesto Especial a la Electricidad (IEE) que pasará del actual 5,11% que se paga a través de la factura de la luz, a un 0,5% que es el mínimo que le permiten las autoridades comunitarias. Sánchez también pretende que hasta el 31 de diciembre se mantenga el IVA de la luz en el 10% para aquellos consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada y la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%.
La elevada demanda de gas natural y el aumento de los precios de los permisos de emisiones negociables han hecho subir los precios de la energía en muchos países, incluida España. La decisión del Gobierno supone un recorte de beneficios que puede alcanzar los 2.600 millones de euros, de hecho en las últimas jornadas las acciones de Endesa, Iberdrola y Naturgy (Gas Natural) han perdido más de 8.000 millones de capitalización bursátil.
“Las medidas adoptadas por el gobierno suponen ante todo un daño directo al patrimonio de los cientos de miles de accionistas que componen la estructura de propiedad de las compañías eléctricas. Las empresas no son entes abstractos sin propietarios. Son en consecuencia los pequeños accionistas, como titulares dispersos del capital, los destinatarios de las medidas adoptadas por el gobierno. Se trata por tanto ante todo de una medida contra los accionistas”, apuntó José Francisco Estévez, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo y asesor legal de AEMEC.
“Que la decisión acordada, especialmente en los términos comunicados, constituye una incautación o detracción económica de la cuenta de explotación de nuestras empresas, con lo que nos encontramos en términos amplios ante una expropiación, que de llegar a producirse tendría que tener, como cualquier otra que se produce en nuestro país, la oportuna compensación. En caso contrario estaríamos más bien ante un supuesto de daño patrimonial a los accionistas, con las consecuencias jurídicas que de ahí podrían derivarse. Fiel reflejo del daño patrimonial de las medidas pretendidas por el Gobierno es la caída de cotización en torno al 5% que están sufriendo estos días los accionistas de aquellas eléctricas cotizadas que operan, por ejemplo, a través de tecnologías renovables”, defendió.
La AEMEC insta al Gobierno para de forma seria y sosegada, analice los mecanismos adecuados para poder abaratar el precio de la electricidad, sin atentar al sistema marginalista que es el que rige en toda la Unión Europea, y evidentemente sin atropellar los legítimos derechos de los accionistas. A nadie se le escapa que en ningún país de Europa se ha adoptado una medida como la aquí propuesta, aun siendo el precio mayorista de la energía más alto en muchos de ellos que en España. “El sistema marginalista está funcionando en toda Europa y creemos que se deberían tomar decisiones de fondo, aunque en cualquier caso nosotros no somos los responsables de tomar las decisiones en el mercado eléctrico”, apunta Estévez.
La asociación de los pequeños accionistas españoles muestra, además, su preocupación por el mensaje que traslada el Gobierno a los inversores internacionales. “Intervenir los mercados aludiendo a los beneficios de las empresas, parece más propio de países afortunadamente alejados de nuestro entorno jurídico y económico. El efecto que ello produce en la seguridad jurídica, la confianza legítima, la reputación internacional y en definitiva a la propia marca España, constituye un daño que puede atentar seriamente al futuro de nuestros mercados, empresas y a sus accionistas”, sostienen.
