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Absueltos los dos directivos procesados por los seísmos del caso Castor

·2 min de lectura
Los exdirectivos de Escal UGS Recaredo del Potro y Jose Luis Martínez Dalmau, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón. (Photo: Paco Poyato/Europa Press via Getty Images)
Los exdirectivos de Escal UGS Recaredo del Potro y Jose Luis Martínez Dalmau, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón. (Photo: Paco Poyato/Europa Press via Getty Images)

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, los que fueran en el momento de los hechos directivos de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que fueron acusados, así como a la propia mercantil.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Concretamente, esta absuelve a los dos acusados y a la empresa del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida e integridad física de las personas, con ocultación de información a la administración y con un grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico por el que venían acusados, sin hacer declaración sobre responsabilidades civiles derivadas del delito. Además, declara de oficio las costas procesales.

El juicio comenzó el 8 de octubre. La acusación pública solicitaba una petición para cada uno de los dos directivos acusados de 6 años de prisión y 15.600 euros de multa, aunque eliminó en la calificación el riesgo catastrófico, al considerar que no había quedado acreditado. Las defensas pidieron la libre absolución tanto de los acusados como de la mercantil.

Más de cien afectados por medio millar de seísmos

Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS, SL -participada mayoritariamente por ACS- y a los dos directivos un total de 1.845.000 euros.

Se trata de una solicitud para indemnizar los daños morales producidos por la “ola de pánico” generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representaba a la asociación de afectados Aplaca.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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