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La crisis política repercute en todo y ahora aleja el auxilio oficial a SanCor

·5 min de lectura

Mientras el Gobierno debate su propia interna y se esperan cambios en el gabinete que podrían afectar las decisiones económicas oficiales, la crisis financiera que sufren varias empresas que reclaman auxilio de las arcas oficiales se podría profundizar precisamente por el mismo escenario de incertidumbre política.

Ocurre que al estar cuestionados los ministros que manejan este tipo de decisiones como el Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, muy cercano al presidente Alberto Fernández y criticado por el sector kichnerista del Frente de Todos.

Desde su cartera se definen, a favor o en contra, los pedidos de auxilio monetario que realizan empresas de todo el país comprometidas financieramente y que algo de respaldo en las arcas del Estado.

Fuentes oficiales consultadas por iProfesional aseguraron que la actual interna política desatada en el seno del Gobierno tras la renuncia de los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner impide continuar analizando este tipo de pedidos.

"No habrá posibilidades de resolver nada hasta que no se despeje el panorama", sostuvieron cerca del despacho presidencial, dando a entender que, en el corto plazo, no habrá definiciones sobre los aportes que el Gobierno podría hacer en compañías privadas afectadas por el derrumbe de la economía.

La crisis política aleja el auxilio oficial a SanCor
La crisis política aleja el auxilio oficial a SanCor

La crisis política aleja el auxilio oficial a SanCor

Un caso paradigmático es el de SanCor, la mayor cooperativa láctea de la Argentina, que desde hace ya varios años viene negociando una ayuda por parte del Estado nacional que sigue sin concretarse a pesar que hubo una decisión oficial de no dejar caer la empresa.

Si bien el objetivo no se asemejaba al usado para salvar a IMPSA, donde el Estado inyectó u$20 millones a cambio de ingresar como principal accionista de la compañía mendocina, se venía negociando la creación de un fideicomiso que le iba a permitir a la láctea una inyección de más de $1.500 millones.

En este caso, el contrapedido oficial a este fideicomiso que se iba a concretar vía el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se basaba en obligar a SanCor a vender alguna de las seis plantas que posee en Córdoba y Santa Fe.

Las negociaciones, que se habían iniciado en el 2019 entre el directorio de SanCor y el Ministerio de Desarrollo Productivo, parecen haber ingresado en una etapa incierta y no permiten pensar en una pronta mejora en las cuentas de la compañía para que pueda recuperar espacios en las góndolas y vuelva a los mercados internacionales con sus productos.

De hecho, el gremio lácteo acaba de evidenciar la profundización del problema a partir de una solicitada publicada en los principales medios del país para reclamar que las negociaciones con el Gobierno lleguen a buen puerto y la empresa pueda recibir fondos estatales.

En este caso y según fuentes que siguen de cerca la crisis de SanCor, se buscan u$s30 millones a través de un crédito oficial a tasa subsidiada, además de la promesa de analizar la deuda tributaria que la compañía posee con la AFIP.

En tanto, la solicitada de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) solicitó la intervención "de las autoridades nacionales" para resolver "el tema de fondo que viene padeciendo SanCor y reactivar la empresa cooperativa antes de que sea demasiado tarde".

Según el gremio, "necesitamos que se concrete la ayuda antes de que el proceso pueda llegar a ser irreversible y dañe, no sólo a los 1.500 trabajadores de convenio en peligro de perder sus trabajos, sino también a decenas de pueblos y pymes que trabajan para esta cooperartiva".

En este sentido, el gremio le pide al Gobierno "buena voluntad" para concretar lo que consideran una "ayuda necesaria" que permita sacar adelante a SanCor que es una cooperativa láctea con productos de calidad; que vende todo lo que produce, pero que por su situación, no puede comprar más leche ni insumos en las cantidades necesarias para producir más, ser competitiva y equilibrar sus cuentas".

En la solicitada, ATIRLA también advierte que una eventual desaparición de SanCor, conllevaría efectos negativos para la industria láctea, para sus trabajadores y para todo el tejido social de las regiones en la que esta cooperativa desarrolla su actividad.

Viejo conflicto

Pero más allá del reclamo sindical, la crisis de la cooperativa láctea es de larga data y pone en riesgo su misma subsistencia como fuente de producción y trabajo, afectando un amplio espectro que involucra la actividad de una vasta región de sus zonas de influencia.

De hecho, la fortaleza de su marca y su capacidad de producción aún en este contexto de conflicto hacen que existan inversores interesados que mantienen reuniones con las autoridades de la cooperativa para sellar un acuerdo que hasta ahora no han logrado.

Este interés también impulsa los reclamos de ATIRLA para que el Gobierno concrete la ayuda prometida que permita facilitar las herramientas e instrumentos necesarios para que el ingreso de capitales privados se concrete.

Además, la compañía acumula una deuda con el fisco cercana los $6.000 millones y sigue con problemas operativos para que sus plantas puedan funcionar correctamente.
Además, la compañía acumula una deuda con el fisco cercana los $6.000 millones y sigue con problemas operativos para que sus plantas puedan funcionar correctamente.

A pesar de sus reconocidas marcas, SanCor sigue con problemas operativos para que sus plantas funcionen correctamente.

Sin embargo, desde hace ya varios meses las conversaciones con los voceros oficiales se interrumpieron, al igual que el diálogo entre los ejecutivos de la láctea y los representantes sindicales, al punto que tampoco reciben ni los fondos comprometidos para el funcionamiento de la obra social, para los aportes y contribuciones.

Además, la compañía acumula una deuda con el fisco cercana los $6.000 millones y sigue con problemas operativos para que sus plantas puedan funcionar correctamente.

A esto le suma compromisos incumplidos con acreedores internacionales del orden de los u$s300 millones con un grupo de bancos acreedores y fondos de inversión.

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