El copago afectará a los medicamentos contra la tos y la diarrea

Siguen los recortes. Los españoles tendremos que pagar a partir de ahora por las prótesis, como las muletas y las sillas de ruedas, así como por los productos dietéticos e incluso por el transporte en ambulancia no urgente. Así lo dice el decreto que ha publicado hoy el BOE, que considera estos productos y actividades como "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario.

El texto explica que el porcentaje de aportación del usuario "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación".

Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Ese tipo de prestaciones que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.

A pagar por los medicamentos contra la tos y la diarrea
El Decreto también reflejará cómo el Estado dejará de financiar una serie de medicamentos para el tratamiento de síntomas menores. En este grupo se incluyen desde lágrimas artificiales a antitusivos «omeprazoles», descongestivos o antidiarreicos.

También destaca en la norma la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los que no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos que no tengan suficientemente probada su "contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento".

Estas medidas llegan una semana después de que el Gobierno anunciara el copago farmacéutico de un 10% para los jubilados, así como el de un aumento hasta el 50% en el resto, exceptuando a los parados que se queden sin prestación, siempre en función de su renta. Los cambios tendrán que aplicarse por las Comunidades Autónomas antes de julio.

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