Yahoo Finanzas Una idea polémica de Hacienda contra el fraude: desvelar la Declaración de la Renta de todos
Es una propuesta de los inspectores de Hacienda. Y es muy polémica. Propone este colectivo que sean públicas las declaraciones de la Renta de todos los españoles. Los datos que los inspectores plantean que se hagan públicos serían los de la liquidación tributaria y no todos los que figuran en la declaración de la renta. Han recordado que otros países, entre ellos Suecia, ya lo hacen y en España se hizo a finales de los años setenta.
“Todos conoceríamos lo que declara cualquier contribuyente, lo que evitaría tentaciones a defraudar o no declarar correctamente, al ser públicas las declaraciones del IRPF”, señala el documento difundido por los inspectores de Hacienda. En efecto, la denuncia de comportamientos fiscales fraudulentos sería mucho más fácil, ya que las contradicciones entre el nivel de vida real y lo declarado al fisco´serían evidentes. Pero la propuesta de los inspectores parece difícil que prospere. Tiene aspectos que chocar con los derechos de loso ciudadanos.
El máximo órgano de control de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de cuestionar, por ejemplo, que Hacienda en una ley en proceso de trámite para su aprobación quiera publicar la lista de morosos con el fisco, y por el contrario critica que el fisco no quiera, pese a lo dicho inicialmente, publicar la lista de defraudadores. Los jueces consideran que la reforma de la Ley General Tributaria que ese trato a los morosos deja en situación de desventaja y desequilibrio al contribuyente frente al Fisco.
Cuestiona el encaje de esta medida en la legislación sobre protección de datos, en la doctrina constitucional y en la comunitaria. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en diciembre de 2012 que preparaba la publicación de dos listas, una de defraudadores y otra de morosos, proyecto que blandió durante meses como azote del contribuyente que defrauda. Finalmente, la lista de defraudadores se cayó del Anteproyecto que aprobó el Gobierno el pasado junio.
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El CGPJ considera que, precisamente, lo que debería publicarse es la lista de defraudadores, que existe en otros países, y no la de morosos, ya que ésta supone “una suerte de sanción a los contribuyentes que habiendo reconocido su deuda con la Administración tributaria no pueden afrontarla en periodo voluntario”.
Denuncian también lo que consideran agravio comparativo, es decir, el distinto tratamiento que reciben las Administraciones Públicas morosas, a las que se excluye de la lista de morosos.
Los inspectores reclama también la creación de un órgano centralizado para luchar contra la corrupción –bautizada como Oficina antifraude (Onaf)—. Se trataría de un cuerpo dependiente del Parlamento y no del Gobierno en el que participarían efectivos de la policía, guardía civil, inspectores del Banco de España, de Hacienda, y miembros de la nueva policía fiscal, que también reclaman que se cree.
Este organismo estaría dedicado “a perseguir de forma global la corrupción y los delitos de blanqueo y otros de tipo económico. Los inspectores explican que “este órgano ayudaría a solucionar los macroprocesos judiciales porque la instruc ción de los casos llegaría madura”. Los funcionarios reconocen que el proyecto se encontraría con múltiples problemas institucionales y admite que es difícil que salga adelante por los temas de competencia.
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