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¿Por qué no aparece la prometida lista de grandes defraudadores?

La otra cara de la moneda

A finales del año pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba a bombo y platillo su intención de publicar una lista con los nombres de los grandes morosos con la Hacienda pública. Las palabras del ministro, pronunciadas días antes de que acabara el plazo para acogerse a la polémica amnistía fiscal, desataron una gran expectación. La gente esperaba que por primera vez se pusiera en marcha una medida contundente contra los grandes evasores que desvían su patrimonio a paraísos fiscales.

Han pasado casi cinco meses desde aquel anuncio y poco más se sabe del propósito del ministro. Hace unos días, la mano derecha de Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, se limitaba a asegurar que "se trata de un tema especialmente delicado porque afecta a derechos fundamentales de las personas que están recogidos en la Constitución". Pero eso yo lo sabía el Gobierno cuando anunció la medida. ¿Se puede hablar de aplazamiento de la medida? Posiblemente, sí.
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Hacienda insiste en que está pidiendo informes técnicos para ajustar el marco de la lista de defraudadores a la legislación vigente, con especial atención a la Ley General Tributaria y a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Se trata de aclarar los parámetros objetivos para decidir a quién se coloca en la lista pública, ya sean particulares o empresas. Entre esos parámetros estarían los de reincidencia, existencia de sentencia firme o consideración de delito de la cantidad supuestamente defraudada (a partir de120.000 euros ). De momento, lo poco que se sabe es que en la lista, si la hay, estarán los reincidentes.

Mientras se cocina ese morboso ránking, parece que la mera amenaza de la publicación está funcionando. La amnistía fiscal recaudó poco, unos 1.200 millones, pero afloró dinero negro por valor de unos 40.000 millones que a partir de ahora ya están en el sistema.

A su vez, el pasado 30 de abril terminó el plazo para declarar bienes y cuentas en el extranjero, cuyos rendimientos se tienen que incorporar a la declaración de la renta y del patrimonio. Era una medida especial que se enmarca en la nueva Ley Antifraude y contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado.

El Gobierno afirma que se ha aflorado una cantidad superior a la de la amnistía fiscal, es decir, más de 40.000 millones de euros. Además, el Ministerio subraya la importancia de este tipo de medidas, que sirven para "ensanchar" las bases tributarias precisamente cuando se ven minoradas por la situación de recesión. Con este dinero en el zurrón, ¿se diluirá a partrir de ahora el proyecto de sacar la lista?

IDNet Noticias

@Jorcha