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La guadaña del paro pone en su punto de mira a los empleados públicos

Malos tiempos para el empleo público tras muchos años de crecimiento imparable y descontrolado. Desde que comenzó 2012, la plantilla global de las administraciones no para de reducirse y todo apunta a que el fenómeno acaba de empezar.

Desde octubre de 2011 al 30 de septiembre de este año la ocupación en las administraciones públicas ha descendido en 144.400 personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el cuarto trimestre de 2011 había en la administración 3.136.100 personas trabajando, el máximo histórico, cifra que a 30 de septiembre de este año se ha reducido a 2.991.700.

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Este último dato supone volver a niveles del tercer trimestre de 2008, cuando las administraciones empleaban a 2.990.100 personas. Desde los 3.136.100 del cuarto trimestre de 2011 el descenso de la plantilla pública ha sido acelerado: en el primer trimestre de 2012 había 3.104.100 trabajadores, en el segundo 3.041.100 (63.000 menos) y en el tercero 2.991.700 (49.400). Impulsada por esta evolución negativa del sector público, la tasa de paro global del país supera por primera vez el 25% de la población activa.

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Curiosamente, estos niveles históricamente bajos de empleo de las administraciones se alcanzan en un trimestre que había sido tradicionalmente de crecimiento para la contratación pública, sobre todo por la incorporación de profesores al inicio del curso escolar. Sin embargo, entre julio y septiembre de 2012 se han destruido más empleos en el sector público que en el sector privado, algo que ya ocurrió el segundo trimestre, debido a los recortes. Sin embargo, el fenómeno no es homogéneo. Aumenta en la administración central y se reduce en las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Todo apunta además a que asistimos a un aperitivo de lo que se avecina. Hace unos días la Comunidad Valenciana, a cambio del dinero recibido del Gobierno central para evitar la bancarrota, anunciaba un duro ajuste en su sector público empresarial al reducir de 76 a 30 el número de entidades y fundaciones. El hachazo supone recortar su plantilla en un 40% sobre un total 7.555 empleados. Es decir, que más de 3.000 personas se irán a la calle, sin incluir los ajustes en Radio Televisión Valenciana (RTVV) y en la Agencia Valenciana de Turismo. Aunque Valencia es junto a Cataluña la comunidad en peor situación financiera, es muy probable que veamos a otras regiones que han recibido ayuda del fondo de liquidez acometiendo procesos similares.

Para redoblar la presión sobre las autonomías y los ayuntamientos, el Gobierno acaba de anunciar una auditoría que evalúe las duplicidades de competencias y servicios que puede haber entre los tres niveles de la administración. El informe debe estar acabado en junio, puede ser demoledor y es muy esperado por Bruselas y los acreedores de España.

@Jorcha