Yahoo Finanzas Llega a España la Justicia reservada para los ricos
Ya está aquí. Llega la Justicia para la gente con recursos económicos. Este mes entra en vigor la llamada reforma Gallardón, una modificación de la ley de tasas vigente que dispara el coste que hay que pagar por acceder a la Justicia en este país.
¿Quiere divorciarse? Vaya preparando 1.280 euros de entrada. Eso es lo que le costará acudir al Juzgado de Primera Instancia y después recurrir a la Audiencia siempre y cuando no tenga que liquidar la sociedad de gananciales. ¿Quiere liquidar la sociedad matrimonial conjunta? Prepare la cartera de nuevo. La ley establece una tasa fija de 300 euros más un pago variable del 0,5% del valor de los bienes repartidos de ese matrimonio.
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Si el piso de una pareja que se separa esta valorado en 300.000 euros, el coste judicial de este proceso será de 1.800 euros (300 euros de la tasa fija, más 1.500 de la variable). Aparte, claro, hay que pagar los honorarios de abogados y procuradores.
En general, la ley supone incrementos de tasas de entre 50 y 750 euros, tanto para empresas como para ciudadanos e incluso en el ámbito de los temas sociales. Las subidas más destacadas se producen en los casos de apelación en los ámbitos civil y contencioso-administrativo, que se incrementan en 500 euros. Los juicios verbales costarán 150 euros, y los ordinarios, 300. Además de dichos importes, si se recurre en apelación, 800 euros, y 1.200 en casación.
Todos los partidos de la oposición y buena parte de los profesionales de la Justicia critican duramente la nueva ley. Consideran que el único motivo que mueve al Gobierno a hacer esta reforma es el afán recaudatorio a costa de sacrificar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos tengan los ingresos que tengan. Consideran que este proyecto consagra una Justicia para pobres y otra para ricos.
Los abogados temen que su negocio caiga en un 30%, porque esos precios, alegan, tan elevados y para todos los públicos, son una medida disuasoria que reducirá reclamaciones justas; y, en consecuencia, miles de ciudadanos se verán obligados a renunciar a la defensa de sus legítimos derechos e intereses ante los tribunales.
La ley aprobada solo ha sido suavizada ligeramente en su trámite. Se ha eximido, por ejemplo, a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social-Laboral.
Además, la norma también fomenta la solución de los conflictos por vía extrajudicial, a través de la mediación. Para ello prevé fuertes bonificaciones en el pago de tasas. El objetivo global de la reforma es liberar a los tribunales de los llamados conflictos menores y rebajar los costes del sistema. Pero el peligro de que muchos ciudadanos se queden sin el derecho a pedir justicia es evidente.
