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La descarada picaresca de los españoles para esquivar los peajes en Portugal

Portugal se ha lanzado a cobrar la deuda de miles de conductores españoles que repetidamente usan las autopistas de peaje de ese país sin pagar porque no hay control para forzar que se abone. La ancestral picaresca nacional campa por sus respetos.

El motivo es que en el país vecino están muy implantados los sistemas de pago telemáticos a través de pórticos que leen una pegatina en el parabrisas del coche y no hay barreras para franquear o prohibir el paso una vez identificado el vehículo. Los portugueses pasan a toda velocidad por esos accesos. Pero los turistas, españoles y de otros países se lo saben, y muchos pasan por esos accesos sin barrera pero también sin pegatina.

El asunto viene de lejos y los conductores españoles parecen haber dicho: “verdes las han segado, si no hay barrera y los sistemas de control de acceso y vigilancia no tiene registradas las matriculas extranjeras y por tanto no pueden identificar al propietario del vehículo, no pago”.

Un portavoz de una de las empresas que explota las autopistas, Brisa, explica que la concesionaria ha comprobado que muchos vehículos de matrícula española optan repetidamente» por utilizar las vías de peajes electrónicos sin pagar, lo que implica una infracción de la ley. Realmente, es algo que deberían haber previsto nuestros vecinos cuando generalizaron los peajes en todas las vías de gran capacidad, en 2010 fruto de las exigencias para el rescate por parte del BCE,el FMI y Bruselas. Deberían haber establecido un sistema en coordinación con los la Dirección General de Tráfico española.

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Usuarios y transportistas españoles critican las dificultades de estos sistemas electrónicos, ya que el conductor puede utilizar hasta cuatro métodos de pago, pero no todos están disponibles por igual en todas las vías. Para las compañías portuguesas, sin embargo, no“no tiene sentido» que los infractores españoles aduzcan que desconocen el método de pago de los peajes en Portugal, ya que el sistema es idéntico al de España y al de otros países europeos”. También de interés: Visto el agujero que ha creado este descontrol, las autopistas de Portugal han decidido contratar a una empresa de cobros.

[También de interés: Ideas para Montoro, si no puedes con el fraude, sortea coches de lujo]

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Han requerido los servicios de Gesphone, una empresa de adquisición y tratamiento de deudas, pero no ofrecen datos sobre el número de procesos o la cuantía total de las deudas.

La gran mayoría de estas infracciones se producen en la autopista A-3 (Oporto-Valença), que conecta el norte de Portugal con Galicia, y la A-6 (Marateca-Caia), que atraviesa el centro del país hasta Extremadura.

El método telemático de pago más simple y utilizado por los extranjeros es el llamado “Easytoll”, con el que pueden asociar su matrícula a una tarjeta de crédito, donde será cobrado el importe de forma automática. Este instrumento, no obstante, sólo está disponible en la A28 (en el norte del país, junto al área de servicio de Viana do Castelo), en la A24 (limítrofe también con Galicia), en la A25, en el área de servicio de Alto Leomil (cerca de Salamanca), y en la A22, junto a la frontera con Andalucía.

Otra opción es adquirir una tarjeta prepago que se activa con un mensaje de texto desde el teléfono móvil y que se carga con 5, 10, 20 ó 40 euros, disponible a través de Internet y en algunas estaciones de servicio. La última opción es alquilar un dispositivo electrónico como el que tienen la mayoría de conductores portugueses en su vehículo, que se asocia a un número de cuenta bancaria y que tiene un coste de seis euros por la primera semana, con una fianza de 27,50 euros. Actualmente, los españoles que utilizan los servicios del sistema español “vía T” son los únicos que no necesitan recurrir a alguno de estos mecanismos, ya que los sistemas de cobro entre los dos países son interoperables.

En cuanto a la deuda de los conductores morosos españoles, es el montante máximo del peaje en el trayecto, en el caso de no poder determinar el valor del trayecto realizado, a lo que se añaden costes administrativos regulados por ley y otros 25 euros como tasa por el proceso de cobro. Si las deudas no son saldadas en la fase de pago voluntario, los procesos pueden naturalmente pasar a los tribunales competentes, explica la compañía.

IDNet Noticias

@Jocha