La otra cara de la moneda

¿Hay intocables en la guerra contra el fraude fiscal?

El plazo para acogerse a la amnistía fiscal, oficialmente llamada regularización, concluye el próximo día 30. Según se acerca esa fecha límite proliferan las críticas al mecanismo creado por el Gobierno para aflorar ese dinero negro: un recargo del 10% sobre el capital aflorado desde paraísos fiscales y repatriado a España previa garantía de obtener inmunidad penal para no ser perseguido por la justicia respecto a esa ocultación de patrimonio. Es decir, que si una persona ha tenido oculto y sin tributar bienes fuera del país, pagar ese recargo libera de toda culpa y blanquea ese dinero.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha redoblado la fuerte presión recaudatoria sobre numerosos colectivos económicos más modestos para aflorar fraude y recaudar. Esta misma semana entraba en vigor la ley antifraude que endurece todas las sanciones tributarias y prohibe los pagos en metálico de más de 2.500 euros en transacciones mercantiles.

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La mayoría de esas medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda para intensificar las actuaciones contra el fraude fiscal se dirigen a los autónomos y a las pymes o al pequeño comercio, al que ya le pueden embargar la caja del día para pagar sus deudas fiscales. En estos colectivos se encuentra una bolsa "relativamente pequeña" de fraude, mientras Hacienda se olvida de los grandes defraudadores, según la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget).

Las grandes empresas y fortunas generan el 80% de la economía sumergida y gozan mientras tanto de segundas oportunidades para ponerse al corriente con la Agencia Tributaria a través de la amnistía fiscal, permitiéndoles además operar en paraísos fiscales, según esta asociación.

En este caso se encuentran la mayoría de las empresas del Ibex, añaden los asesores. Sus grandes accionistas o personas de elevado patrimonio pueden acogerse, por ejemplo, a la tributación a través de Sicav, sociedades que solo pagan el 1% de los beneficios. Por  todo ello, muestran su disconformidad con estas medidas del Gobierno y cuestionan que gran parte de ellas conlleven una mayor carga de información, papeleo y horas de trabajo para autónomos y pequeños y medianos empresarios.

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Los inspectores de Hacienda tienen, sin embargo, una visión más optimista de la estrategia del Gobierno. "Son medidas muy positivas por razones recaudatorias y de equidad", señalan. También valoran bien la posibilidad de adoptar medidas cautelares en los supuestos de presuntos delitos fiscales, o los nuevos criterios de responsabilidad sobre los administradores de empresas que no velan por que las sociedades que administran paguen sus deudas.

A pesar de las mejoras que a su juicio introduce la ley, recuerdan que quedan "infinidad de agujeros" y es necesaria una reforma integral del sistema fiscal que afecte a las principales figuras tributarias y a las normas de procedimiento de gestión, control y recaudación.

Todos estos cambios en la lucha contra el fraude fiscal y el fin del plazo para declarar patrimonios ocultos en el extranjero han salpicado la campaña electoral catalana, convulsionada por las filtraciones relativas a supuestas cuentas en Suiza de las familias de Artus Mas y Jordi Pujol. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,  respondía a la exigencia de CiU de que comparezca para dar explicaciones, afirmando que son los que tienen cuentas en Suiza no declaradas  los "que tienen que comparecer, no solo ante el Congreso, sino ante toda la sociedad".

Montoro fue tajante al asegurar que el fraude fiscal "no es admisible ni siquiera en términos de discusión pública". "¿Cómo puede ser que haya iniciativas que requieran que el ministro de Hacienda comparezca en el Congreso para explicar lo que está investigando la Agencia Tributaria?"

¿Sugiere el ministro que, tras la generosa amnistía concedida,  ha llegado de verdad el momento de acabar con los intocables en materia de fraude fiscal? ¿Pero con todos? ¿Sean del partido que sean, o amigos de quien sean?

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@Jorcha

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