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¿Hay dinero en este país para pagar a 2,7 millones de funcionarios?

En un intento por aplacar el estado de indignación de los funcionarios, que están saliendo a la calle un día sí y otro también para protestar por la rebaja de sueldos y la pérdida de días libres, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado un mensaje que ha disparado aun más si cabe la preocupación social por la situación del país.

"No hay dinero, señorías. Los funcionarios saben mejor que nadie que no hay dinero en las arcas públicas, que nuestro sueldo depende de los impuestos, y si no sube la recaudación, señoría, estamos en riesgo de pagar esas nóminas. Eso es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales de España. ¿Pero no podemos decirlo sensatamente, tranquilamente?".

¿Se puede considerar un exceso o es el viejo recurso de meter miedo para que el colectivo deponga sus protestas y abandone la calle? Puede haber algo de las dos cosas. Cierto es que la salud de las cuentas públicas es preocupante. Hasta mayo, el Estado registró un déficit del 3,41% del PIB, el 30,6% más en comparación con la cifra del mismo periodo del año anterior. Y lo que es peor, la cifra prácticamente roza el objetivo del 3,5% fijado para el conjunto del año. La Europa del Norte, la Europa rica, y sobre todo los mercados, nos miran con lupa y no están dispuestos a permitir desliz alguno en materia de desviación del déficit. Por eso el Gobierno dice que lo que no se puede pagar hay que quitarlo.

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Por su parte, las Comunidades Autónomas no tienen un euro. Se ha habilitado un mecanismo especial de urgencia para financiarlas dotado con 18.000 millones porque nadie está dispuesta a prestarles dinero. La posibilidad de intervención de varias de ellas por el Estado es más que factible y las declaraciones desafiantes de algunos presidentes sólo pueden entenderse en este contexto.

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En el fondo, lo que ocurre es que están saltando las costuras de un modelo de Administración redundante y desorganizado que podía valer para los tiempos donde no se hacían demasiadas preguntas sobre el destino del dinero público. Los datos son elocuentes. Mientras en los últimos años España ha destruido cientos de miles de empleos en el sector privado, entre 2007 y 2011 los empleados de las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) aumentaron un 5,3% (son 2,7 millones de personas). En una época de mejoras tecnológicas y de productividad aceleradas, las administraciones públicas ganaron entre 2007 y 2011 un total de 135.517 empleados en sus plantillas.

Los empresarios han terciado también en el problema y abogan abiertamente por reducir el número de funcionarios en vez de optar por bajadas de sueldos. Para la CEOE recortar sueldos es desincentivador y daña el capital humano de la Administración. Es mejor, añaden, ajustar las plantillas a las necesidades de la economía para que se puedan bajar los impuestos. En pocos meses, en función de cómo evolucione el déficit, veremos si Montoro ha querido asustar o ha contado la cruda realidad.

@jorcha