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Hacienda no puede controlar sola las cuentas de la propia Administración

La otra cara de la moneda

Hacienda no tiene personal suficiente para controlar las cuentas de la propia Administración. Es curioso que esto ocurra cuando se está reduciendo de forma progresiva la plantilla de funcionarios y cuando la mayor parte de los expertos considera evidente que sobran aún más personas en las distintas instituciones del Estado.

El caso es que a Montoro le falta gente para supervisar y auditar cómo manejan el dinero las distintas instancias de la administración. Por ello el Ministerio de Hacienda contratará auditores privados que permitan paliar la "insuficiencia de medios" de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para cumplir con las auditorías previstas para este año y el próximo.

No es el primer año que esto ocurre. Es un problema que viene de antes y al que no se le encuentra otra solución que no sea recurrir a la contratación de auditoras privadas. De momento nada se habla de decisiones que cualquier otra organización tomaría, como planes internos de recursos humanos para formar y cambiar de función a personal excedentario en otros departamentos.

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La tarea a delegar al sector privado incluye la realización de la auditoría de las cuentas anuales de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades estatales de derecho público, consorcios, fundaciones del sector público estatal, y sociedades mercantiles estatales, entre otras.

Algunos sindicatos como Csif han denunciado esta situación y reclaman al Gobierno que amplíe la casi nula oferta de empleo público en los próximos presupuestos para compensar la salida de personas. La destrucción de empleo se está canalizando a través amortización de plazas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y por el despido encubierto de miles de interinos. Este proceso está llevando la Administración "al borde del colapso" y en los próximos años el sistema se hará "insostenible", según esta organización.

El problema puede ir a más si tenemos en cuenta la pirámide de edad de la administración central. Casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42% tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años. Es decir, puede que un tercio del personal se encuentre próximo a retirarse o a solicitar la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o Muface. Además, las plazas de aquellos trabajadores que se jubilan se quedan sin cubrir por la ya famosa tasa de reposición cero (congelación de la oferta pública de empleo). O el Gobierno establece una verdadera política de recursos humanos con movilidad funcional o las auditoras y demás empresas de servicios se van a frotar las manos mientras el contribuyente se frota el bolsillo para pagar con sus impuestos las nóminas de personal excedentario o sin competencias mientras se contratan proveedores privados.

IDNet Noticias

@Jorcha