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El farolillo de morosos recalcitrantes: las administraciones que peor pagan

La comunidad aragonesa tiene un período medio de pago a proveedores de 75,54 días, siendo tan solo superada por Extremadura e Islas Baleares, mientras que Zaragoza es el ayuntamiento que más tarda en pagar. Son los datos de morosidad de las administraciones públicas en enero, que sitúan a la capital aragonesa en cabeza de las entidades que más tardan en pagar a los proveedores.

A pesar de que en el conjunto de las autonomías ha mejorado el plazo medio de pagos, la media de retraso ronda los 42 días. En los extremos se sitúan Extremadura y Baleares (con 89 y 77 días, respectivamente) y, al otro lado, Canarias, País Vasco y Navarra, que oscilan entre los 10 y 1 días.

Si las comunidades autónomas han reducido de media en 8 días el plazo de pago a sus proveedores, los ayuntamientos lo están aumentando. Por término medio tardan dos semanas más que hace unos meses y rozan los 55 días. Esto deja la situación sin grandes cambios reales.

El problema es que una veintena de ciudades que tardan en pagar sus facturas más de los 30 días permitidos por la ley de morosidad y eso provoca bastante malestar entre sus acreedores e incluso perjuicios en pequeñas y medianas empresas, que se siguen viendo obligadas a financiar a las administraciones públicas.

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Fuente: Ministerio de Hacienda

De acuerdo con los datos para el conjunto de las administraciones públicas recién publicados, España cerró el año 2015 con un déficit público de 56.061 millones de euros. Nos pasamos un punto del objetivo, lo que se traduce en 10.000 millones de más gastados. Un buen pellizco. El ministro Montoro ha salido a la palestra para llamar la atención de los más ‘perezosos’ y pedir un plan de ajuste a las comunidades autónomas que han duplicado su límite de déficit. Y en particular de algunas (Cataluña) que lo han multiplicado hasta por cuatro, en lo que algunos entienden como un reto al Gobierno de Madrid.

A este comportamiento poco ejemplar hay que añadir un ‘detalle’ importante: las administraciones públicas comienzan a computar las facturas de sus proveedores a partir de los 30 días desde que la factura correspondiente entra en el al registro administrativo o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra o servicio. Así que en realidad todas llevan ya otro mes más de retraso acumulado sin que se haya formalizado el pago.

El ministro de Hacienda, en funciones, parece que quiere poner orden en mitad del caos y ha avisado de que va a aplicar la regla del gasto a las administraciones públicas que no cumplen con los plazos de pago, cerrándoles el grifo. Para compensar el gasto excesivo, las autonomías y capitales que se han pasado no van a tener disponibilidad para gastar más. Como si se tratara de adolescentes que no saben administrar sus dineros.

La cuestión ahora no es tanto cómo van a actuar las administraciones morosas sino por qué en esta ocasión, con un Gobierno en funciones y una historia que se repite, van a prestar atención al aviso de Montoro.

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