¿Cómo puede ser ilegal compartir el coche con otros?

Solo unos días después de que Bruselas mostrara su tolerancia con los servicios para compartir el coche para viajar, como Blablacar o Uber, el Gobierno se descuelga amenazando con imponer a usuarios y conductores multas desde hasta 600 euro y de 18.000 para los promotores.

Pero ¿se puede multar por ejercer un derecho individual como compartir un vehículo a través de las enormes posibilidades de comunicación que ofrece Internet? No parece tener sentido y no es congruente con las tesis de un Gobierno que dice defender el emprendimiento y que bebe, al menos en parte, de principios liberales.

No es un tema sencillo, ya que es evidente que tiene un flanco relacionado con la seguridad a la hora de viajar y con el hecho de que los negocios con los que compite tienen que disponer de licencia para operar.

Pero Fomento está prohibiendo que las personas se pongan de acuerdo para compartir los gastos de un viaje, al igual que lo harían dos amigos que quedan en el bar del barrio. Y no hay ánimo de lucro en el conductor o propietario del coche. El único que gana dinero es la plataforma de Internet por intermediar.

Este es el caso de Blablacar, una compañía de nacionalidad francesa, la cual puntualiza claramente en el primer punto de la definición de sus condiciones que el servicio que ofrece: "Compartir Coche". Supone que los usuarios efectúen un trayecto "previamente proyectado" por el conductor. Según explica el portal, se publica el viaje en la web con el objetivo de "compartir los gastos asociados al trayecto sin que en ningún caso se produzca ganancia económica para el conductor".

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El Ministerio de Fomento, en contra del espíritu de Bruselas, que acaba de eludir el pronunciarse en contra de este tipo de servicios para compartir coche, ha amenazado a las empresas que promuevan, oferten o presten servicios de coches compartidos, que no cuenten con la correspondiente autorización de transporte para operar con multas entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 en caso de reiteración.

Se pliega a las presiones de los transportistas de autobús y en taxi. Los primeros han puesto en el punto de mira a Blablacar y los segundos a Uber, una aplicación que replica el sistema para el servicio de taxi. Uber opera en 15 ciudades europeas y acaba de ser prohibido en Bruselas, lo cual ha provocado la protesta pública de la comisaria Neeli Kroes.

En un comunicado, el departamento que dirige Ana Pastor indica que estas multas están fijadas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Este texto establece que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración, informa Europa Press.

Asimismo, en el supuesto de aquellas personas que contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios careciendo de autorización, aunque no los presten por sí mismos, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros. Al igual que en el caso anterior, la sanción podría elevarse hasta los 18.000 euros si hay reiteración. Pese a estas amenazas, Fomento ha salido al paso de las opiniones negativas que se han ido vertiendo sobre esta noticia, advirtiendo que no aplicará las multas siempre y cuando se cumpla la Ley.

Los usuarios "que contraten los servicios de transportistas no autorizados incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros".

Por si las cosas no quedarán claras, Fomento lanza un aviso a navegantes. Advierte que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de esta legislación "ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares".

Sin embargo, el Ministerio de Interior ha quitado hierro al asunto. Sostiene que la medida "está más referida a la generalización del servicio mediante una contraprestación económica" que a la persecución de usuarios que comparten su vehículo con conocidos para realizar viajes puntuales, algo que desde la DGT se ha venido recomendando para mejorar la circulación.

"Creo que la noticia estaba más referida a lo que era la generalización del carsharing mediante contraprestación económica. Eso es competencia del Ministerio de Fomento en cuanto supone normativa sobre transportes terrestres, y ahí la DGT poco tiene que decir", ha señalado el secretario general del Ministerio.

Según ha dicho, compartir vehículo "con un conocido para hacer un trayecto habitual" es algo que cualquiera puede hacer "por el ahorro que puede suponer y las ventajas en cuanto a la mejora de la circulación y demás que tiene". Lo desconcertante es que ambos ministerios pertenecen al mismo Gobierno. Fomento se acaba de meter en un charco.

IDNet Noticias
@Jorcha