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Así esquiva la banca las multas por tener pisos vacíos

Tras el boom de los desahucios por hipotecas impagadas, muchos ayuntamientos de Cataluña, más de 100, aprobaron normas para multar a la banca que tuviera pisos vacíos. Pasado un año, solo 3 ayuntamientos han aplicado sanciones por este motivo. Y eso, a pesar de la “emergencia habitacional” que denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El último censo de viviendas de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) eleva a 448.356 los pisos vacíos sólo en Cataluña, en contraposición a las 231.000 familias catalanas con necesidades de vivienda social, según un informe de octubre de 2014 de la Taula del Tercer Sector.

En realidad, lo que tratan de hacer esos pocos ayuntamientos es aplicar la Ley 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC), según detalla La Vanguardia, norma que establece como uso anómalo de un inmueble la desocupación permanente e injustificada. La legislación, que aprobó el gobierno tripartito de PSC, ERC e Iniciativa, contempla la posibilidad de sancionar con hasta 900.000 euros por viviendas vacías de forma permanente.

Lo recaudado hasta ahora por los tres consistorios es más simbólico que efectivo, 17.500 euros, pero los defensores de las sanciones alegan que han abierto el camino.

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El ayuntamiento de Terrasa, por ejemplo, ha conseguido ya cobrar tres multas coercitivas de un total de 48 que ha interpuesto desde que aprobara la moción. Además, ha abierto 726 expedientes en una primera fase y está tramitando 256 más. El ayuntamiento de Girona intentó que los bancos cedieran las viviendas vacías de forma permanente pero se negaron. Girona ha puesto 8 multas coercitivas. Todas a bancos, pero el consistorio quiere hacer extensible la medida a constructoras o promotores que también disponen de inmuebles sin ocupar.

La banca cuestiona las decisiones de estos ayuntamientos y alega que los pisos vacíos son el resultado indeseado de créditos hipotecarios fallidos por lo que los bancos han tenido que asumir ya “pérdidas cuantiosas” y por ello consideran “incomprensible” que se les penalice ya que su objetivo es vender las viviendas, pero no lo pueden hacer por la crisis.

Los consistorios reticentes a sancionar alegan que la negociación y el diálogo con las entidades bancarias es mejor camino que la multa, pero tampoco han conseguido aumentar de manera considerable el parque de pisos sociales. También es recurrente aludir a la lentitud del procedimiento administrativo para justificar el poco avance en la materia, pero desde la PAH se recuerda que la ley en la que se basa la moción se aprobó hace más de siete años.

IDNet Noticias