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¿Otro caos? El enrevesado mecanismo para fijar la tarifa de la luz

La otra cara de la moneda

El Gobierno ha sorprendido al anunciar un nuevo sistema para fijar el precio de la factura de luz. Se trata de la enésima modificación de este mecanismo en los últimos 17 años y del cual sólo podemos esperar, si atendemos al resultado histórico de esa ristra de cambios, de una manera o de otra, un nuevo golpe al bolsillo.

Golpe que el Gobierno niega. Es más, dice que beneficiará al consumidor. Según el nuevo sistema el llamado coste de la energía -que supone un 37% del recibo para 16 millones de pequeños consumidores abonados a la tarifa regulada- ya no será establecido por una única subasta eléctrica, como se venía haciendo desde 2007.

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Ahora, el precio será una media del registrado por el mercado mayorista de electricidad durante el periodo de facturación, que en la mayoría de casos es de dos meses. El resto del recibo lo componen impuestos y los peajes, que cubren los costes regulados o derivados de decisiones de política económica, como la subvenciones al carbón, la nuclear, las renovables, etc.

Hasta ahora el precio se fijaba en una subasta donde los vendedores de energía pujaban en función de sus estimaciones de cuál iba a ser el coste de comprar la energía en el siguiente trimestre y el precio resultante fijaba la tarifa para esos tres meses posteriores. Estas subastas desaparecerán en abril y ahora el precio se calculará al final del periodo y teniendo en cuenta el coste real que ha tenido la luz.

El Gobierno sostiene que el consumidor se ahorra el coste financiero de las subastas. Sólo esto podría suponer una rebaja anual del precio de la luz del 3% en un año, según las previsiones oficiales. Por otro lado, el precio del recibo queda ahora ligado a un mercado, el del llamado pool, controlado por las grandes eléctricas -que suman una cuota del 65%- y que fue cuestionado por el propio Gobierno en diciembre por sospechas claras de manipulación al registrarse un brusco incremento de precios en diciembre, en los días previos a la subasta famosa del tarifazo.

Además, la fijación del precio será distinta para los consumidores que tengan en su casa el llamado contador inteligente o digital, que permite la discriminación horaria del consumo. Estos pagarán en función de su consumo y del precio del mercado en cada hora. Estos contadores, cuyo coste es de 43 euros más 10 de instalación, lo tienen siete millones de hogares. Se estima que supondrá un ahorro, pero pequeño. Además, esta posibilidad genera “cierta volatilidad” —el precio del mercado fluctúa por diversos factores, como la disponibilidad de producción renovable o el consumo por las propias estaciones del año—, aunque se estima que el efecto que tendrá no será de más de tres o cuatro euros al año.

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Otro punto clave de la reforma de la factura es que se incrementa el peso del consumo en lo que pagamos, de tal modo que pasa de representar el 35% al 60%, en detrimento de la potencia de la instalación de la casa, que pasa del 65% al 40%.

Según el Gobierno este cambio se hace porque hasta ahora los hogares ocupados sostienen el gasto de las viviendas vacías o segundas residencias. La consecuencia es que las vacías elevarán sus costes un 20% y los hogares ocupados lo bajarán un 15%. Pero el método también perjudica a quienes vivan solos o consuman poco, con lo cual muchos pensionistas pueden salir perjudicados. La organización de consumidores Facua ya ha mostrado su escepticismo sobre este nuevo cambio porque no resuelve el problema de fondo. Ahora queda estar atentos a la letra pequeña y ver cómo nos afecta en el recibo.

IDNet Noticias

@Jorcha