MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Irene Lozano prevé que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabe condenando a España por mantener una normativa hipotecaria contraria al derecho comunitario, al no prever un recurso legal "eficaz" para que los ciudadanos puedan recurrir las ejecuciones hipotecarias cuando los contratos tengan cláusulas abusivas.
Así consta en una pregunta escrita dirigida al Gobierno, que recoge Europa Press, en la que la diputada recuerda que el tribunal europeo "sigue en la mayoría de los casos" las recomendaciones de la abogada general, Julianne Kokott, quien el pasado 8 de noviembre dictaminó que la legislación española "vulnera la normativa comunitaria al no garantizar una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas".
Según Lozano, el informe de Kokott señala que el ordenamiento jurídico español "no permite paralizar los desahucios invocando una cláusula abusiva, sino que la ejecución y el desahucio prosiguen su curso y sólo se puede dirimir el posible abuso en un proceso nuevo y diferente", algo que es "incompatible con la directiva europea pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
DEMOSTRAR EL CARÁCTER ABUSIVO DEL CONTRATO
Y es que la directiva europea de Protección del Consumidor exige que los ciudadanos dispongan de "recursos legales eficaces" para poder demostrar que sus contratos de préstamo contienen cláusulas abusivas, lo que permitiría detener las ejecuciones forzosas y los desahucios.
Frente a eso, la abogada europea asegura que la Ley Hipotecaria española "no constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios".
Por ello, Lozano pregunta al Ejecutivo "qué medidas va a tomar el Gobierno en previsión de que España sea condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la mencionada directiva" y qué previsión tiene de cumplir las recomendaciones expuestas de jueces, fiscales y la Defensora del Pueblo quienes, entre otros, han reclamado en los últimos días medidas como la dación en pago o la moratoria de desahucios.
