MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La futura Ley por la Regulación de la dación de pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social --que se acumulará con la iniciativa legislativa popular (ILP) con este mismo nombre-- será aprobada en el Congreso previsiblemente el próximo 7 de marzo, en función del calendario de sesiones que ha fijado la Comisión parlamentaria de Economía.
La Mesa y Junta de Portavoces de dicha comisión se ha reunido este jueves y, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha decidido que las enmiendas a la ILP se presenten como máximo el día 25 de febrero, para poder abrir la Ponencia el día 28.
Una vez el texto de la iniciativa popular se encuentre en ese punto, la Comisión de Economía podrá acumular ambos proyectos para que se tramiten conjuntamente, tal y como resolvieron los servicios jurídicos de la Cámara baja a raíz de la admisión a trámite por unanimidad de la ILP, que versa sobre una materia sobre la que ya había un proyecto de ley en tramitación.
TRES DÍAS DE PONENCIA
En principio, la intención es que los miembros de la Comisión se reúnan en tres ocasiones en Ponencia para intentar acordar el mayor número de enmiendas posibles --sólo al proyecto de ley se presentaron más de 200-- y que el texto final goce del consenso del mayor número posible de partidos.
Posteriormente, se reunirá la Comisión de Economía para debatir, ya en abierto, sobre las enmiendas que aún quedan vivas, cosa que sucederá el 7 de marzo previsiblemente. Dado que la comisión tiene competencia legislativa plena, cuando ese día se apruebe el Dictamen de la ley se podrá remitir al Senado para su tramitación, sin tener que volver a votarlo en el Pleno de la Cámara baja.
No en balde, ni PP ni PSOE quieren que la aprobación de esta ley se demore, por lo que ayer presentaron un escrito conjunto a la Mesa del Congreso instándole a declarar el procedimiento de urgencia, lo que permite reducir los plazos a la mitad. Además, dado que muchas de las propuestas ya estaban recogidas en las enmiendas al proyecto de ley, no es preciso alargar excesivamente los tiempos.
