MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo de contestación a un requerimiento de Canarias en el que se indica que esta comunidad autónoma carece de competencia respecto de las instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, ya que no extiende su territorio al medio marino con carácter general, ni a las llamadas aguas canarias en particular.
La respuesta se realiza en relación con el Real Decreto de 29 de octubre de 2012, por el que se modifica otro Real Decreto de 20 de julio de 2007, sobre el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de generación eléctrica en el mar territorial para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales.
El Estado rechaza el requerimento de Canarias porque la norma aludida tiene una finalidad meramente organizativa y no introduce ninguna modificación de carácter sustantivo en el Real Decreto de 20 de julio de 2007, ni reproduce ninguno de sus preceptos.
El Real Decreto de 2007 fue impugnado por el Gobierno de Canarias ante el Tribunal Constitucional que, en su momento, se podrá pronunciar respecto a la controversia competencial planteada.
El Gobierno de Canarias ha argumentado en la demanda frente al Real Decreto que la mención al "Archipiélago canario" implica que el territorio de la Comunidad Autónoma incluye no sólo las islas sino también el mar territorial.
El Gobierno estatal recuerda la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013 por la que ha sido desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el artículo único apartado uno de la Ley de 2 de julio de 2007, por la que se modifica la Ley del sector de hidrocarburos, de 1998.
Lo esencial de la argumentación de la recurrente era que, de acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía y su mención al "Archipiélago canario", el territorio de la Comunidad Autónoma incluye las aguas marítimas en torno a las islas, argumento que ha sido desestimado por el Tribunal Constitucional.
