BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
El organismo regulador europeo de comunicaciones electrónicas (Berec) se muestra "inquieto" ante las iniciativas por parte de algunos Estados miembros de la UE de transferir tareas regulatorias que deberían realizar autoridades nacionales independientes (en el caso de España, la CMT) a los gobiernos.
El Berec ha indicado en un comunicado que está "preocupado" por el impacto que algunas iniciativas legislativas nacionales pueden tener en la eficacia de las funciones reguladoras del sector de telecomunicaciones y en su independencia.
Esta "preocupante tendencia" contrasta con el espíritu de las directivas del sector y pone en riesgo los resultados obtenidos por los reguladores independientes bajo el actual marco institucional en lo que a la promoción de la competencia y protección del consumidor se refiere, ha manifestado.
El Berec, aunque ha reconocido que los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para adaptarse a las actuales condiciones económicas y que las autoridades regulatorias nacionales no están exentas, ha señalado que las decisiones deben garantizar la independencia de estos organismo.
Así, considera que es "absolutamente" necesario garantizar la autonomía "funcional, organizativa y presupuestaria" de las autoridades regulatorias, incluyendo su capacidad a la hora de reclutar a personal cualificado para realizar las "complejas" tareas técnicas que se les asigna.
Por esta razón, el Berec pide a la Comisión Europea que continúe supervisando activamente y tome medidas firmes para garantizar la correcta aplicación del marco regulatorio actual.
En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero la creación de un solo organismo regulador que operará bajo el nombre de Comisión Nacional de Mercados y Competencia y que integrará a ocho de los organismos actuales, entre ellos la CMT.
De acuerdo con el Berec, los Estados miembros están obligados a garantizar que los organismos de regulación nacional dispongan de los recursos necesarios, financieros y humanos, para llevar a cabo sus tareas de forma adecuada.
Además, ha explicado los Estados miembros de la UE están obligados a garantizar la independencia de estas autoridades regulatorias, velando para que sean jurídicamente y funcionalmente independientes de los operadores del mercado.
