Yahoo Finanzas Blesa ordenó la venta de preferentes a todo tipo de clientes, incluidos menores de edad
Las preferentes eran un buen negocio para las entidades financieras. Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, lo sabía. Por eso dio la orden de ofrecerlas a todo tipo de clientes, incluidos menores de edad, con el objetivo de ampliar el mercado., según publica el diario El Mundo. Este producto se vendía como una inversión rentable y con mucha seguridad. Las explicaciones se simplificaban para esconder los riesgos que conllevaba la adquisición de preferentes y así llamar la atención de personas con pocos conocimientos en cuestiones financieras.
[Relacionado: La Audiencia Nacional investigará a Blesa y a seis ex consejeros por las preferentes]
Las sucursales de la extinta Caja Madrid tomaron buena nota de estas órdenes. Empezaron a ampliar el mercado con clientes que no entendían la complejidad de un producto como el de las preferentes. Se ofrecía una inversión que podía empezar a ser amortizada de forma anticipada a partir del quinto año. Según los encargados de vender el producto, éste estaba destinado a "todo tipo de inversores", incluidos los menores de edad, que no necesitarían más que un representante legal que aportase su NIF y la fecha de nacimiento del menor para poder adquirir el producto. Todo esto venía recogido en el argumentario que trasladó Caja Madrid a sus sucursales en el año 2004, cuando se lanzó a emitir grandes cantidades de este producto.
[Relacionado: El juez admite una nueva demanda contra ex directivos de Caja Madrid]
Esta técnica de venta resultó muy contradictoria, ya que en la letra grande aseguraban la rentabilidad hasta 2019, mientras que la letra pequeña vinculaba la rentabilidad a los beneficios de la entidad. Esta doble conclusión es el argumento al que se agarran las personas afectadas por la compra de preferentes para solicitar el arbitraje.
El arbitraje consiste en un procedimiento alternativo a la vía judicial. Está reservado para aquellas personas que podían no haber entendido la complejidad del producto, como los menores de edad, discapacitados o ancianos. Con esto se pretende dejar fuera del procedimiento a los que sí sabían lo que estaban comprando y los riesgos que asumían al adquirir ese producto financiero.
