Llega la movilidad laboral para los funcionarios, casi como en las empresas privadas

Si faltan medios humanos en la administración de Justicia y eso conlleva que la tramitación de las causas se eternice desvirtuando el verdadero sentido de la justicia, ¿por qué no se traslada a la administración judicial personal excedente de otros ministerios, que lo hay? Si el Fogasa está desbordado pagando liquidaciones a trabajadores de empresas insolventes, ¿por qué no se refuerza el servicio con funcionarios asignados a departamentos que se han quedado sin cometido?

Estas preguntas, que posiblemente se ha hecho todo el mundo cuando ha visto casos de ineficiente asignación de personal en la administración, puede dejar de tener sentido en los próximos meses. Y es que el Gobierno de Rajoy, con mucha lentitud y forzado por el Eurogrupo, ha decidido meterle el diente, a una de las asignaturas pendientes de este país: la racionalización de la gigantesca administración pública, que abarca la central, la autonómica y la local, tal y como lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El punto de partida de la reforma ha sido una reducción de 375.000 empleados públicos desde 2011, a la que se ha sumado una tasa de reposición cero de efectivos, además de la reducción de los días libres de los funcionarios, cuya jornada laboral aumentó a 37,5 horas, y la penalización de las bajas por enfermedad. Con esos condicionantes, el Gobierno considera que va a haber necesidad de movilidad de efectivos de unos departamentos a otros.

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Para ello se definirá en qué unidades hay excedente y en cuáles no. La idea es crear grupos de trabajo a disposición del Ministerio, de modo que pueda movilizar efectivos entre distintos departamentos en función, por ejemplo, de repuntes de trabajo. No se descarta que la movilidad pueda ser interministerial e, incluso, se ha barajado la idea de que pudiera producirse entre la Administración central y autonómica, aunque no parece fácil.

El plan prevé inicialmente la supresión de 17 fundaciones y de 5 sociedades mercantiles, del Consejo de la Juventud de España y de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, la desaparición de 90 observatorios, la fusión del Instituto Nacional de la Seguridad Social con el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General, otras fundaciones que dejan de tener consideración pública como la de aeronáutica y astronáutica españolas... En total, son 57 entes públicos afectados por la reforma de la Administración, que hoy pasará por la mesa del Consejo de Ministros.

Rajoy quiere también suprimir determinados organismos autonómicos cuyas funciones pueden ser asumidas por el Estado, como los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, o las agencias de protección de datos, las agencias de la energía, las de meteorología, los órganos de inspección de aeropuertos, los institutos de opinión, los institutos o servicios cartográficos y los órganos de defensa de la competencia, entre otros.

Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha una medida novedosa consistente en elaborar periódicamente un "inventario" de todas las entidades que permanezcan abiertas para verificar que tienen utilidad, que realizan funciones necesarias para los ciudadanos y que tienen un presupuesto acorde a sus tareas. En el caso de que quieran crearse nuevos organismos, tendrá que justificarse previamente.

Más medidas:

-Agilizar las gestiones del ciudadano. También se propone unificar las gestiones que puede hacer el ciudadano por internet creando un único portal que centralizará la información de todas las administraciones y permitirá iniciar o realizar los trámites y servicios más relevantes, desde consultar las multas de tráfico, pedir hora para renovar el DNI o consultar las ofertas de empleo público. Se propone potenciar la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no tener que presentar documentos que ya obren en poder de la administración.

Se planea reducir de 41 a 3 días naturales el plazo para crear un empresa a través de la nueva plataforma electrónica 'Emprende en 3'; y se amenaza de sanciones para aquellas administraciones que no paguen sus facturas en un máximo de 30 días, en un intento de poner freno a la morosidad pública.

-Venta de inmuebles. El Estado venderá hasta 15.000 inmuebles, entre ellos una decena de edificios singulares.

-Control en la contratación. En cuanto a la contratación de personal eventual, si bien se acepta que ése es de especial confianza y, por tanto, se elige de forma discrecional, se exigirá un criterio de experiencia y de profesionalidad.

-Presupuesto optimizado. En el futuro los recursos presupuestarios de las administraciones no se asignarán en función de lo gastado en el ejercicio anterior, sino de lo que éstas deberían gastar "haciendo una gestión óptima" en función de sus estructuras y empleados. Con ello, el Gobierno quiere aspira a buscar las fórmulas de contratación más ventajosas para la Administración desde el punto de vista del ahorro.

El objetivo final es mejorar la eficiencia de la administración y reducir el gasto en unos 8.000 millone hasta 2015, lo cual debería ayudar a recortar el déficit. Un plan ambicioso pero al que se van a oponer de plano muchas Comunidades Autónomas. Es decir, puede valer para calmar a Bruselas a corto plazo pero en realidad es probable que buena parte de él se convierta en papel mojado.

IDNet Noticias

@Jorcha